La OCDE destaca a Castilla-La Mancha como modelo en la lucha contra la despoblación

La OCDE pone a Castilla-La Mancha como ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la despoblación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha elogiado a Castilla-La Mancha como un modelo a seguir en la búsqueda de soluciones ante el desafío demográfico. Esta afirmación se basa en la efectividad de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias implementada en la región para contrarrestar la despoblación y fomentar el desarrollo del medio rural. La evaluación positiva se encuentra en el informe titulado ‘Reduciendo de manera inteligente y sostenible: Compendio de buenas prácticas explora soluciones efectivas y basadas en evidencia para gestionar el cambio demográfico’, recientemente publicado por la OCDE, que agrupa a 38 países.

Según el informe, Castilla-La Mancha se destaca como la primera región de la Unión Europea en establecer un marco jurídico integral para enfrentar el declive demográfico, un logro respaldado por la aprobación unánime de la ley y la activa participación de la ciudadanía. La OCDE subraya que, además de los aspectos normativos, la ley incorpora una zonificación específica que identifica 26 áreas despobladas, abarcando 721 municipios, lo que equivale al 80 por ciento de la región. Esta distribución permite la implementación de incentivos fiscales diferenciados, incluyendo una deducción de hasta un 25 por ciento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la asignación de 500 euros para facilitar la reubicación laboral, y un 75 por ciento de reducción tributaria para las empresas.

El informe también resalta la incorporación de una memoria de impacto demográfico, que desde el año 2023 forma parte de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha. Este año, se destinarán más de 2.000 millones de euros, que representan el 25 por ciento del presupuesto regional, a combatir la despoblación. Además, se menciona la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que es la principal herramienta de implementación de la Ley y que se ha diseñado con un horizonte de diez años, inicialmente con una inversión superior a los 3.300 millones de euros para llevar a cabo más de 200 medidas específicas.

Este reconocimiento por parte de la OCDE refleja el compromiso de Castilla-La Mancha con la sostenibilidad demográfica y el desarrollo equitativo de su territorio.

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