La nueva Ley de Alquileres en España, que entrará en vigor en mayo de 2022, ha generado controversia entre propietarios e inquilinos debido a los cambios significativos que presenta en el mercado del alquiler. El objetivo de esta nueva normativa es mejorar la protección de los inquilinos y fomentar el acceso a la vivienda en alquiler. Una de las novedades más relevantes de la ley es la ampliación del plazo mínimo del contrato de alquiler de tres a cinco años, lo que proporcionará mayor seguridad y estabilidad a los inquilinos. Además, la ley limita la cantidad de dinero que los propietarios pueden exigir a los inquilinos en concepto de fianza, estableciendo un límite máximo de dos mensualidades de garantía y una mensualidad adicional para posibles mejoras en la vivienda. También se ha introducido una limitación en las garantías adicionales que los propietarios pueden exigir a los inquilinos, solo se podrán exigir en zonas con precios elevados o en casos de contratos de temporada. La nueva ley establece un control de precios en zonas con escasa oferta de vivienda en alquiler, lo que limita la libertad de los propietarios para fijar el precio del alquiler. Esta medida tiene como objetivo reducir los precios en zonas donde la oferta es limitada y hacer más accesible el acceso a la vivienda en alquiler.
