El Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha fijado una fecha clave para la implantación de una de las medidas estrella en materia laboral: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta iniciativa, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha materializado tras un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, aunque ha encontrado la oposición de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).
El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo un límite máximo de 37,5 horas semanales. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la medida entrará en vigor entre abril y mayo de 2025, tras su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.
Condiciones y aplicación gradual
La reducción de la jornada laboral no supondrá recortes salariales ni afectará a los complementos laborales ya pactados. Además, las horas que excedan este límite serán consideradas extraordinarias y, por tanto, remuneradas como tales.
Los convenios colectivos vigentes dispondrán de un plazo de adaptación hasta el 31 de diciembre de 2025. Este margen permitirá a empresas y trabajadores ajustarse progresivamente a la nueva normativa, que se aplicará en cómputo anual.
Registro de jornada y desconexión digital
Entre las novedades incluidas en el anteproyecto de ley destaca la obligación de las empresas de contar con un registro diario de jornada digital, objetivo, fiable y accesible. Este sistema deberá estar disponible tanto para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como para los representantes de los trabajadores.
Asimismo, se refuerza el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. Las empresas no podrán sancionar o perjudicar a los empleados por no atender comunicaciones fuera de su jornada, garantizando así su intimidad y descanso.
La polémica con la CEOE
La CEOE ha calificado la medida de «inconstitucional» y ha acusado al Gobierno de invadir competencias propias del diálogo social. Sin embargo, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Economía han subrayado su compromiso con alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores sin perjudicar la productividad empresarial.
Carlos Cuerpo ha asegurado que, aunque el texto pueda sufrir modificaciones durante su tramitación, «es posible llegar a un consenso» que mantenga los objetivos iniciales. Por su parte, Yolanda Díaz ha defendido la reducción de la jornada como una «deuda histórica» con los trabajadores y una oportunidad para mejorar su calidad de vida.
Un paso hacia la conciliación
La vicepresidenta ha destacado que esta reforma responde a una demanda social ampliamente reconocida y que busca, entre otros objetivos, facilitar la conciliación familiar y laboral. «Es un debate sobre la vida, sobre cómo queremos vivir en sociedad», ha afirmado Díaz.
Con esta medida, España se suma a otros países europeos que han reducido su jornada laboral para promover el bienestar de los trabajadores. El tiempo dirá si esta reforma cumple con las expectativas generadas, pero, por ahora, el camino parece estar trazado.