La Fundación Oncológica Alivia ha lanzado una campaña de recogida de firmas online para exigir al próximo gobierno surgido de las elecciones en España, una ley de derecho al olvido oncológico. Según esta organización, esta legislación es fundamental para prevenir la discriminación en el ámbito laboral, promover la igualdad de oportunidades en seguros y préstamos, y fomentar la conciencia y comprensión en la sociedad para romper los estigmas asociados al cáncer.
El derecho al olvido oncológico busca que las personas que han padecido cáncer a lo largo de su vida no tengan que justificar su historial en actividades cotidianas y necesarias, como contratar un seguro de vida, solicitar cualquier tipo de préstamo o encontrar un empleo. El Gobierno había anunciado que reformaría la ley actual para incluir este derecho, asegurando que beneficiaría a todas las personas que hayan finalizado un tratamiento oncológico cinco años antes de suscribir un contrato de seguro o préstamo, sin sufrir una recaída posterior. La promesa del Ejecutivo era aprobar esta norma antes de finalizar el mes de junio. Sin embargo, el adelanto de las elecciones al 23 de julio y la disolución del Congreso y el Senado han hecho que esta promesa no se cumpla.
Asensio Rodríguez, director de la Fundación Alivia en España, advierte que no se puede permitir que el adelanto de las elecciones congele y retrase los derechos de miles de personas y pacientes. Rodríguez señala que la aprobación del derecho al olvido oncológico no solo brindaría justicia a quienes han luchado contra el cáncer, sino que también enviaría un poderoso mensaje de inclusión y respeto hacia todos los sobrevivientes.
Informes de organizaciones como la Fundación Josep Carreras evidencian la discriminación que sufren muchos ciudadanos que han padecido cáncer. Según este informe, la mitad de los jóvenes entre 18 y 35 años que han padecido leucemia encuentran dificultades adicionales para acceder al mercado laboral, y el 80% enfrenta obstáculos al contratar productos bancarios o seguros.
Pacientes como Claudia Alcántara Villanueva, diagnosticada con un fibrosarcoma facial a los 17 años y que ahora tiene 30, expresan lo que representa para ellos el derecho al olvido oncológico. Claudia señala que no ha podido acceder a ningún seguro privado de salud debido a que no cumple con los requisitos médicos, a pesar de no haber recibido tratamiento en los últimos 7 años. Para ella, el derecho al olvido oncológico permitiría que elija un seguro privado de salud que se ajuste a sus necesidades.
El Parlamento Europeo aprobó el 16 de febrero de 2022 una resolución sobre una estrategia global y coordinada en la lucha contra el cáncer. En esta resolución, se establece que las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer, y se insta a los estados miembros a garantizar que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores. Además, se fijó como fecha límite para que los estados miembros garanticen el derecho al olvido a todos los pacientes europeos el año 2025, teniendo en cuenta un criterio temporal de 10 años después del final del tratamiento y, como máximo, cinco años después para los pacientes diagnosticados antes de los 18 años.
Hasta la fecha, países como Francia, Bélgica, Portugal, Países Bajos y Luxemburgo ya han tomado medidas para cumplir con estas directrices europeas. Para Asensio Rodríguez, resulta desconcertante y preocupante que esta ley no exista en España, pues es evidente que existe una necesidad apremiante de abordar y eliminar los prejuicios que enfrentan las personas que han superado el cáncer.
Los ciudadanos que deseen apoyar la demanda de una ley de olvido oncológico en España pueden firmar en la plataforma habilitada por la Fundación Alivia. Una vez recopilado un número suficiente de firmas, la fundación presentará su reclamación a la administración.
En resumen, la Fundación Oncológica Alivia ha iniciado una campaña para exigir al próximo gobierno una ley de derecho al olvido oncológico. Esta legislación busca eliminar la discriminación hacia las personas que han padecido cáncer en ámbitos como el laboral, los seguros y los préstamos. A pesar de la promesa del gobierno de aprobar esta ley, la convocatoria anticipada de elecciones ha llevado a que este compromiso no se cumpla. Organizaciones y pacientes instan a que se apruebe esta ley para brindar justicia e inclusión a todos los sobrevivientes de cáncer.
