La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha manifestado su preocupación por el incumplimiento del convenio de colaboración firmado en octubre de 2005 entre el Ayuntamiento, Minas de Almadén y Arrayanes SA (Mayasa) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En una reciente entrevista con Europa Press, Jurado subrayó la necesidad de elevar el tono de las demandas al Gobierno de España, considerando que la situación actual del municipio y su comarca exige una acción firme.
Desde su llegada al cargo hace más de un año y medio, Jurado ha priorizado esta reivindicación en su agenda política, y ha señalado que el convenio, que se mantiene «incumplido» 20 años después, es fundamental para el desarrollo local. La alcaldesa destacó que la empresa Minas de Almadén debe aprovechar el terreno adquirido para desarrollar su potencial en beneficio de la comunidad.
Jurado recordó su visita al Congreso de los Diputados en el último trimestre de 2024, donde presentó varias consultas al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque las respuestas recibidas hasta el momento «no satisfacen» las expectativas del municipio. «Vamos a informar a los vecinos de Almadén sobre esta situación», afirmó, indicando que se están preparando para llevar a cabo una intensa campaña informativa.
Además, Jurado no descarta la posibilidad de llevar el tema a los tribunales si el Gobierno no responde adecuadamente a sus exigencias. La alcaldesa hizo hincapié en que el convenio vigente merece ser cumplido y destacó que Almadén, con una historia de contribuciones significativas al país, no puede quedar relegado a los intereses económicos de una empresa que parece priorizar su sostenibilidad financiera por encima del bienestar local.
Las tensiones entre el Ayuntamiento y la empresa Mayasa también han aumentado debido al cuestionamiento del uso público de caminos en la Dehesa de Castilseras, lo que ha llevado a un enfrentamiento legal que genera costos adicionales para el municipio. A pesar de las adversidades, Jurado se mostró decidida a continuar la lucha por los derechos de los vecinos y afirmó que su demanda por el cumplimiento del convenio no cesará incluso si hay un cambio de gobierno.
En cuanto al estado interno del Ayuntamiento, Jurado declaró que se encontró con una situación más complicada de lo esperado, con una deuda que obliga a ajustes financieros y un gran número de expedientes administrativos pendientes. A pesar de estos desafíos, se comprometió a trabajar incansablemente para cumplir con su programa electoral y mejorar la situación del municipio, lo cual requerirá un esfuerzo considerable tanto a nivel interno como en la movilización y participación de la comunidad.