Juzgan este lunes a un acusado para el que piden 10 años por grabar encuentros sexuales con dos exparejas

El Juzgado de lo Penal número dos de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 6 de junio, a J.A.A.Y., quien se enfrenta a 10 años de prisión tras ser acusado de quebrantar una orden de alejamiento y grabar dos encuentros sexuales que mantuvo con sus exparejas, sin el consentimiento de las mismas.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los hechos tuvo lugar a finales de 2015, cuando el acusado, J.A.A.Y., mantuvo una relación sentimental con C.

Durante dicha relación, el procesado grabó en una ocasión un encuentro sexual con la denunciante, sin su consentimiento. Vídeo que luego mostró a la que entonces era su pareja, A.A.M.

Igualmente, el acusado grabó otro encuentro sexual que mantuvo con B., sin consentimiento de la misma, que, de nuevo, enseñó a A.A.M.

De otro lado, en febrero de 2017, el procesado se personó junto con A.A.M. en el domicilio de su expareja, B., quebrantando la orden de alejamiento de 500 metros que le había sido impuesta en noviembre de 2016, para tomar fotografías de varios vehículos que había aparcados en el domicilio, teniendo que abandonar el lugar al pasar por allí una patrulla de la policía.

Durante el viaje de regreso, J.A.A.Y. no paró de criticar a B., diciéndole a A.A.M que su expareja era «una puta» y que lo único que quería era «joderle la vida y matarla».

Tras lo ocurrido, A.A.M. llamó a B. para alertarla, pidiéndole que extremara las precauciones ya que J.A.A.Y. no paraba de decir que quería matarla y que todavía conservaba las armas.

Unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por los que piden ocho años de prisión y la prohibición de acercarse a B. y C. a menos de 500 metros durante cinco años.

Asimismo, la Fiscalía solicita un año de prisión, la prohibición de aproximarse a B. a menos de 500 metros durante dos años y medio y la privación al derecho de tenencia y porte de armas por tres años, por el delito continuado de amenazas.

También piden un año de prisión por quebrantamiento de medida cautelar, así como seis meses de multa con cuota diaria de 12 euros y una orden de alejamiento de 500 metros durante seis meses respecto de B. y C., por dos delitos leves continuados de injurias.

Por último, el acusado deberá indemnizar a B. y C. en la cantidad de 6.000 euros, respectivamente, por los daños morales causados.

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