Impulsado en parte por la aplicación de la Ley 2/2023 de Protección al Informante, un estudio reciente revela un aumento significativo en el porcentaje de empresas en España que cuentan con un sistema interno de información para denuncias, alcanzando un 94% en el último año, frente al 79% registrado en 2023. Este aumento destaca en el estudio sobre Whistleblowing 2024 realizado por EQS Group, que encuestó a más de 700 responsables de cumplimiento normativo de toda Europa.
El estudio muestra una marcada preferencia por los canales digitales en la gestión de denuncias de comportamientos poco éticos o ilegales dentro de las empresas, con un 88% de ellas adoptando sistemas informáticos dedicados a estos fines. La necesidad de cumplir con la legislación vigente se presenta como el principal motor detrás de la incorporación de estos sistemas, siendo citado por el 87% de las empresas españolas encuestadas. Sin embargo, es notable que el 42% ya contaba con un sistema de denuncias antes de la transposición de la Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes a la legislación nacional, antes de diciembre de 2021.
Más allá del cumplimiento legal, el fomento de una cultura empresarial que incentiva la denuncia de irregularidades emerge como un propósito fundamental, apuntado como la segunda razón más importante para la implementación de estos sistemas, según el 56% de los encuestados. El deseo de prevenir pérdidas financieras o daños a la reputación de las corporaciones también figura entre las motivaciones para adoptar medidas de whistleblowing, mencionado por el 15% de las encuestas en España.
Los resultados también revelan que una mayoría de empresas españolas han recibido al menos una denuncia a través de sus sistemas en 2023, con un 64% reportando casos y una cuarta parte recibiendo 10 o más denuncias. Las grandes corporaciones, particularmente aquellas con más de 10.000 empleados, son las que más denuncias han registrado, principalmente relacionadas con temas de recursos humanos, violaciones de normas sociales y derechos humanos, corrupción, soborno, informática y protección de datos.
El estudio destaca la importancia de permitir denuncias anónimas, práctica adoptada por el 95% de las empresas españolas. Esta característica es fundamental para proteger a los denunciantes y no ha generado un aumento de denuncias malintencionadas.
Mimmo Santonicola, Country Manager de EQS España, subraya que aunque la normativa sigue siendo el principal estímulo para proteger a los denunciantes, es crucial que las empresas adopten una visión holística e integrada del cumplimiento normativo, aprovechando la tecnología para mejorar la eficiencia, mitigar riesgos y promover una cultura corporativa ética y transparente.
El informe también enfatiza la relevancia de abrir los canales de denuncia a partes interesadas externas, como clientes, proveedores y socios, práctica habilitada por el 89% de las empresas encuestadas. Esta apertura es especialmente crítica para organizaciones sujetas a normativas sobre la cadena de suministro y puede acelerar la detección y corrección de irregularidades.
La encuesta sobre canales de denuncia 2024 de EQS Group recopiló respuestas de profesionales del cumplimiento normativo de más de 20 países europeos, presentando una diversidad en sectores y tamaños de empresa. Esto refleja un panorama normativo y ético en constante evolución, subrayando la importancia de mantener prácticas robustas de whistleblowing que respalden la integridad y transparencia empresarial.
