El reciente informe presentado por la administración Biden destaca la polémica y la complicada cuestión de las intervenciones médicas que afectan a menores, particularmente en el contexto del tratamiento de la disforia de género. Según los datos del informe, durante los primeros años de la presidencia de Biden, se registraron más de 7,000 tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, además de más de 4,000 intervenciones quirúrgicas en menores, como mastectomías. Estas acciones han sido objeto de controversia, ya que se argumenta que muchas de ellas se fundamentan en una ciencia que podría estar influenciada por ideologías y motivaciones económicas.
En respuesta a esta situación, el 28 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14187, titulada «Protegiendo a los niños de la mutilación química y quirúrgica». Esta orden prohíbe a los departamentos federales financiar o facilitar la mutilación química y quirúrgica de menores, calificando estas prácticas de inmorales y no basadas en evidencia científica válida. Las primeras acciones para implementar esta orden ya se han puesto en marcha.
Una de las primeras medidas se centra en la restauración de la integridad científica. La Sección 3(i) de la orden instruye a las agencias a eliminar o modificar políticas que se basen en el «Standards of Care Version 8», documento desarrollado por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), que no se considera basado en evidencias científicas sólidas. Durante el proceso de redacción de este documento, se descubrió que el entonces Asistente del Secretario de Salud, el Almirante Levine, había presionado para eliminar los límites de edad propuestos para las intervenciones quirúrgicas.
En un giro significativo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha comenzado a desestimar documentos que promueven estas intervenciones, rechazando las afirmaciones de Levine y cualquier referencia a WPATH. Como parte de este esfuerzo, el HHS se comprometió a realizar una revisión basada en evidencia sobre las mejores prácticas para la salud de los niños que experimentan disforia de género, con el objetivo de ofrecer un enfoque más equilibrado y fundamentado.
La difusión de información precisa también es un foco central del nuevo enfoque, con la intención de mejorar la calidad de los datos y practicar la transparencia en los estudios relacionados con la disforia de género. La administración ha señalado que investigaciones financiadas con fondos públicos que han sido ocultadas por razones políticas serán sometidas a un escrutinio más cabal.
Otro punto crucial del informe es la decisión de detener la experimentación con niños financiada por el contribuyente. La Sección 4 establece que el HHS deberá tomar medidas inmediatas para asegurar que las instituciones médicas que reciben subsidios federales pongan fin a estas prácticas. Como resultado, se han eliminado 215 subvenciones, lo que representa un ahorro de más de 477 millones de dólares para los contribuyentes.
Asimismo, el informe destaca el esfuerzo de garantizar que el tratamiento médico apropiado sea la norma. Esto incluye alertas a proveedores sobre los peligros relacionados con la mutilación química y quirúrgica, enfatizando la importancia de seguir estándares de atención de alta calidad.
El Departamento de Defensa ha ordenado a sus contratistas de servicios de salud que excluyan la mutilación infantil como un beneficio cubierto. Por otro lado, la Oficina de Administración de Personal ha decidido que a partir del año 2026 no se cubrirán tales intervenciones para los hijos de los empleados federales.
Además, el Departamento de Justicia ha tomado medidas para fortalecer la protección contra prácticas como la mutilación genital femenina y ha iniciado investigaciones sobre entidades que han difundido información engañosa sobre las consecuencias a largo plazo de estas intervenciones médicas. La creación de una «Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Padres» también es parte del enfoque del gobierno para garantizar que los derechos de los padres sean defendidos ante la posibilidad de que se les pueda quitar la custodia por negarse a consentir estas prácticas en sus hijos.
El impacto de esta nueva política se está sintiendo en el ámbito de las intervenciones médicas y la protección de los menores, planteando preguntas sobre el futuro de la atención médica en el contexto de la salud mental y el género. La controversia continúa y es probable que se intensifique a medida que más detalles de estas políticas se implementen y sean debatidos en la sociedad.
Fuente: WhiteHouse.gov
