En Baleares, una nueva legislación introducida en 2017 permitía la comercialización turística de casas unifamiliares en Ibiza, pero no de apartamentos, pisos o casas adosadas. Sin embargo, había una moratoria de un año para que el Consejo Insular y los municipios decidieran en qué zonas se podrían alquilar propiedades a los veraneantes. El Tribunal Supremo ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares en la ciudad, argumentando que el uso turístico de las viviendas tenía un impacto negativo en los barrios y en la disponibilidad de viviendas para residentes. El Consell de Mallorca ha incrementado en cinco el número de inspectores del Servicio de Inspección para combatir la oferta turística ilegal.
