La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real está a punto de iniciar un juicio de alto contenido emocional el próximo jueves, 22 de febrero. El tribunal tiene previsto juzgar a M.S.V., un hombre acusado de varias agresiones de índole sexual sobre la hija menor de su pareja. La niña, que contaba con solo 10 años en el momento de los presuntos abusos, podría haber sufrido estos ataques en el entorno de su propio hogar.
De acuerdo con los detalles proporcionados por el escrito de acusación de la Fiscalía, al que Europa Press ha tenido acceso exclusivo, los hechos se desencadenaron mientras el acusado convivía con su pareja y las dos hijas menores de ella. El documento específica que el hombre habría llevado a cabo actos de tocamientos inapropiados a la menor de diez años, tanto por encima como por debajo de la ropa interior, durante periodos en los cuales ambos se encontraban echando la siesta juntos.
Como parte de los abusos detallados por la fiscalía, también figuran acusaciones de que el individuo hacía que la hija mayor de su pareja manipulara su pene, mientras él simultáneamente procedía a tocar partes íntimas de la niña. Agrega el texto que, en repetidas ocasiones, el acusado aprovechó «la facilidad que le permitía la situación de convivencia plena con la niña y la escasa edad de esta» para entrar en la habitación de la joven e involucrarse en actos de exhibicionismo.
Ante estas graves imputaciones, la fiscalía está solicitando una pena de siete años de prisión para M.S.V., a quien se le imputa un delito de abusos sexuales hacia una menor y un delito continuado de exhibicionismo. Además de la custodia carcelaria, se exige al acusado una orden de alejamiento que le prohiba acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un periodo de nueve años tras su liberación, así como le obliga a completar un curso de reeducación sexual.
El caso, que se sitúa en la delicada intersección de la justicia penal y la protección a la infancia, ha puesto de manifiesto la relevancia de los mecanismos de tutela legal frente a los abusos en contextos domésticos y familiares. La comunidad y las autoridades locales aguardan ahora la resolución de un proceso judicial que tendrá profundas repercusiones en la vida de todas las partes implicadas.
