El Congreso de España aprobó la nueva Ley de Vivienda el 27 de abril de 2023, con 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención. Esta ley incluye nuevos conceptos que no habían formado parte de ninguna normativa, como la regulación de los precios del alquiler de zonas tensionadas, una nueva definición de la figura de los grandes propietarios y la creación de un índice de referencia que determinará las rentas que se pagan por los pisos. La ley entrará en vigor al día siguiente de su inclusión en el BOE, que se estima será la semana que viene, antes del 28 de mayo.
La nueva ley de vivienda incluirá la regulación del precio del alquiler para las personas jurídicas que sean grandes tenedores, es decir, aquellos con más de 10 viviendas. Deberán bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. El coste del alquiler quedará vinculado al establecido en el índice de referencia de precios del alquiler. La nueva norma rebaja los precios que están por encima del índice de referencia. El índice de referencia es un sistema que limita los precios del alquiler como vía para rebajar la tensión en el mercado. Estas limitaciones se aplicarán a las viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años.
Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en la ley, se aplicarán sanciones de entre 3.000 y 90.000 euros. El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a imponer sanciones a inmobiliarias por no respetar la ley de regulación de los precios del alquiler. En este sentido, recuerdan a la ciudadanía que pueden denunciar infracciones ya que la ley reguladora de los incrementos de los precios de los alquileres de viviendas establece que, en las zonas declaradas áreas de mercado tensionado, el importe de la renta no puede diferir más de un 5% del precio señalado en el índice de precio de referencia que corresponda.
La ley de la vivienda puede tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario, ya que puede cambiar las reglas del juego para los propietarios, los inquilinos y los desarrolladores. Dependiendo del contenido de la ley, puede haber efectos positivos o negativos.
Por ejemplo, si la ley de la vivienda establece normas más estrictas para los propietarios, como la limitación de los aumentos de renta o las restricciones sobre el desalojo, esto podría ayudar a estabilizar el mercado y reducir la especulación inmobiliaria. Por otro lado, ese tipo de medidas puede disminuir la oferta de vivienda disponible, al reducir los incentivos para construir nuevas unidades o invertir en propiedades existentes.
También es posible que la ley de la vivienda fomente programas para construir más viviendas asequibles, lo que puede ayudar a reducir la brecha entre los precios inmobiliarios y los ingresos de las personas. Sin embargo, también puede afectar a los desarrolladores al reducir las ganancias inmediatas.
En definitiva, la ley de la vivienda puede tener un impacto significativo en la forma en que funciona el mercado inmobiliario, pero dependerá del contenido y aplicación de la ley para determinar qué efectos específicos tendrá.
