El director general de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, Manuel Tordera, ha mantenido un encuentro con la presidenta y el secretario de la Asociación de Centros de Idiomas de Castilla-La Mancha (ACICAM), con objeto de analizar y valorar la protección de los derechos de las personas consumidoras en este sector de actividad y conocer cuáles son los problemas que puedan incidir en dicha protección.

Esta asociación, creada en 2015 en Albacete, cuenta con una treintena de academias de idiomas asociadas que, a su vez, forman parte de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas.

Durante el transcurso de la reunión se han abordado las jornadas que organizaron recientemente, así como el código de conducta que han elaborado para cumplimiento de sus centros asociados, cuyos compromisos van más allá de lo que la normativa vigente establece.

En este sentido, se ha considerado que una vez que se apruebe la futura Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, convendría contemplar en su desarrollo una revisión y actualización del decreto regional que regula esta actividad en el ámbito de consumo, destacando igualmente la incidencia positiva que la aprobación de dicha ley podrá tener tanto para el sector como para las ciudadanía.

Al respecto, se considera particularmente de interés el enfoque que la nueva legislación plantea para la protección de los derechos de las personas consumidoras en el marco de una regulación económica eficiente, que permita su garantía y ejercicio frente a prácticas irregulares de competencia desleal y de intrusismo profesional en la actividad relacionada con la enseñanza de idiomas.

Asimismo, se prevé en la aplicación del código de buenas prácticas al que se acoge esta asociación incorporar la adhesión de los centros asociados al sistema arbitral de consumo para una resolución extrajudicial amistosa de aquellos conflictos que se puedan presentar en esta materia.

Finalmente, ambas partes han considerado oportuno suscribir un convenio de colaboración que recoja todas estas iniciativas, así como también el diseño y desarrollo de actividades informativas y divulgativas para un mejor conocimiento de los derechos que asisten a las personas consumidoras respecto de los requisitos que deben cumplir los centros de idiomas en la región.