La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha pedido al Ministerio de Fomento que el reparto del presupuesto del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 se ha siguiendo un criterio “justo y equitativo”. De hecho, el Gobierno regional se ha abstenido en este punto y ha solicitado que actualicen los criterios en base a las necesidades de cada comunidad autónoma.
La consejera explico que los criterios del Ministerio fueron marcados en 1992, y en ese tiempo «ha cambiado mucho la situación de la sociedad». Tampoco es la misma la necesidad de soluciones en politicas de vivienda en la región.
La consejera de Fomento ha hecho estas declaraciones después de la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, donde han participado consejeros homólogos del resto de comunidades autónomas, presidida por el propio De la Serna. García Élez ha estado acompañada por el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; y el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado.
El reparto actual de presupuesto para vivienda puede perjudicar a Castilla-La Mancha
“Castilla-La Mancha sale perjudicada desde el criterio de población”, y es que, del presupuesto total, la región recibe un 4 por ciento cuando, en base al número de habitantes, estamos hablando de un 5 por ciento, ha subrayado. Por eso, desde que se presentaron los primeros borradores, las peticiones y alegaciones de este Gobierno han ido en la línea de “incrementar los fondos con un criterio razonable y bajo un punto de visto que, a día de hoy, este plan no ha contemplado”.
García Élez también ha señalado que deberían ser circunstancias a tener en cuenta la orografía de esta comunidad, así como casos específicos de zonas más próximas a Madrid de Guadalajara o Toledo donde la situación es diferente a lo que acontece en el resto de la región.
Del mismo modo, la titular de Fomento del Gobierno de García-Page ha reconocido que ha habido participación en este proceso pero “no ha sido real”, ya que, aunque se han presentado borradores en grupos de trabajo a las comunidades, “el último y definitivo lo hemos conocido por la publicación del Real Decreto”, después de que se aprobara en Consejo de Ministros, y al que “no hemos podido hacer ninguna incorporación”.
En cuestión de tiempos, la consejera de Fomento ha pedido “celeridad, para que no ocurra lo que el año pasado”, por lo que “necesitamos concreción de fechas para firmar los convenios de colaboración e iniciar las convocatorias y las bases de las mismas”, como los casos de ayudas al alquiler o a la rehabilitación edificatoria. En 2017, existía el criterio común de que el plazo estaba limitado por el Ministerio de Fomento al 31 de octubre para justificar los fondos, por lo que cuanto más dilata su puesta en marcha “menos meses quedan para poder ejecutar”.
“Los ciudadanos de Castilla-La Mancha nos están demandando y pidiendo estas ayudas de forma masiva”, ha dicho, “y es que venimos de una época donde no había, prácticamente, política en materia de vivienda”. En estos términos, ha recalcado que “gracias al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, y a ese cambio que ha dado en materia de política de vivienda, estas ayudas están permitiendo que colectivos que están teniendo graves dificultades puedan estar en disposición de acceder a una vivienda con algún tipo de ayuda”.
“Ayer se perdió una gran oportunidad en el Senado para apoyar unas infraestructuras que son necesarias para Talavera y para Castilla-La Mancha”
García Élez respondió a periodistas y reiteró «ayer se perdió una gran oportunidad en el Senado para apoyar infraestructuras necesarias para Talavera y Castilla-La Mancha». Incluso le manifestó su malestar al ministro Iñigo de la Serna.
Agustina García Élez ha señalado que “me parece llamativo que presenten una moción cuando ya había dos mociones ayer y una contemplaba lo mismo, única y exclusivamente lo que ponía en el pacto del ferrocarril, que hoy se presente otra”.Dijo desconocer los terminos de la nueva propuesta, pero considera que dilata un tema importante para Castilla-La Mancha, Talavera y comarca en materia de infraestructuras». El pacto fue firmado por grupos políticos, sindicatos y federación de la patronal.
