La consejera de Fomento del Gobierno regional, Agustina García Élez, ha mostrado su satisfacción tras conocer que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, ha aceptado diversas alegaciones que desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se vienen presentando hace años en contra de las cesiones de derechos al uso privativo del agua. Y en concreto, porque por primera vez se insta a la Confederación Hidrográfica del Tajo a revisar el título concesional de la Comunidad de Regantes de Estremera.

García Elez ha explicado que, a principios del mes de septiembre, desde la Agencia del Agua, entidad dependiente de la Consejería de Fomento, se remitieron al Ministerio tres informes desfavorables relativos a la autorización de los contratos de cesión de derechos al uso privativo de aguas suscritos por la Comunidad de Regantes de Estremera, La Poveda y Hecop con otras comunidades integradas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

“Desde la Agencia del Agua hemos advertido de la nula intención que parece tener dicha Comunidad de Regantes por utilizar íntegramente su concesión y, por ello, hemos pedido al Ministerio en reiteradas ocasiones que valorase la posibilidad de disponer de parte de esos caudales en la propia cuenca del Tajo, ya sea para incrementar el nivel de garantía del resto de usuarios o incluso permitiendo el otorgamiento de nuevas concesiones”, ha explicado.

En consecuencia, la Dirección General del Agua, asumiendo la alegación presentada por Castilla-La Mancha, ha ordenado a la Confederación Hidrográfica del Tajo el inicio de la tramitación de un expediente de revisión de la concesión de la Comunidad de Regantes de Estremera en los términos establecidos por la legislación de aguas.

Actualmente, la concesión que tiene la Comunidad de Regantes de Estremera es de 18,86 hm3, y el último contrato que se autorizó para la cesión de derechos del año 2017-2018 fue por 7,70 hm3, casi un 41 por ciento de su concesión. Según datos de la propia Comunidad de fecha 3 de julio de 2018, los consumos en la zona regable fueron de 11,76 hm3 en 2017; 8,25 hm3 en 2016; 9,21 hm3 en 2016; 10,44 hm3 en 2014 y 5,56 hm3 en 2013.

“Esto nos viene a decir que la concesión a dicha Comunidad está sobredimensionada porque si están consumiendo una media de unos 9 hm3 anual, no necesitan esa cantidad de agua (el volumen concedido) ningún año, y por eso la están vendiendo. Por tanto, lo que queremos desde esta región es que la CHT revise la concesión y se ajuste a lo que realmente consumen en parcela”, ha indicado García Élez.

Según ha indicado la consejera, “esto es un paso más en la lucha del Gobierno del presidente García-Page por la defensa de esta tierra y de nuestros intereses hídricos en cuanto a la cuenca del Tajo. Un paso que viene a reconocer que, aunque la Ley de Aguas contempla las cesiones, no se puede mercadear con el agua, que algunas concesiones son excesivas y que no se necesitan tal y como están otorgadas y por ello es urgente y necesaria la revisión de aquellos regantes que sistemáticamente ceden sus derechos”, ha incidido García Elez.

Título jurídico válido

Por otra parte, ha añadido la responsable de Fomento, también se da la razón en otra de las alegaciones presentadas, y es que no se permita la celebración del contrato a aquellas comunidades de regantes integradas en el SCRATS que no dispongan de título jurídico válido, bien porque no disponen de ello o bien porque el que tienen es “a precario”. Así, ha indicado la consejera, “de las 56 comunidades de regantes integradas en el SCRATS que lo solicitaron, sólo se autorizan los contratos con las 28 que disponen de título jurídico válido, como también hemos reclamado desde Castilla-La Mancha”.

“Desde este Gobierno nos oponemos firmemente a la especulación con los derechos al uso del agua, y lo seguiremos haciendo ante los organismos oportunos”, asegurando que tanto en este ámbito, como en el de los trasvases, “seguiremos reclamando y presentando los recursos oportunos. Ya son 16 recursos contra los 22 contratos de cesión de derechos autorizados y los presentados contra los 28 trasvases aprobados. Nuestro objetivo es que se tenga en cuenta por encima de todo la prioridad de la cuenca cedente”, ha concluido García Elez.