El Consejo de Gobierno aprobó un gasto por importe de 4.287.151 euros para adquirir 203.314 dosis de vacunas destinadas al programa de inmunizaciones de Castilla-La Mancha.

La medida está enmarcada en el calendario común acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, está destinada a niños y niñas nacidas en Castilla-La Mancha con edades comprendidas entre los 0 meses y los 14 años.

El objetivo, tal y como lo explicó el portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, es continuar un programa que ya está consolidado, “garantizando la disponibilidad de producto vacunal, evitando así que la población contraiga enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios”.

En concreto, se adquirieron 51.500 dosis de la vacuna hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina acelular, poliomelitis; 40.400 dosis para vacuna frente a difteria, tétanos y tos ferina acelular, de contenido antigénico reducido; 3.512 dosis para vacuna frente a hepatitis A para edad pediátrica; y 2.622 para vacuna frente a hepatitis A para adultos.

Además se incluyen 19.372 dosis para vacuna frente a sarampión, rubéola y parotiditis; 29.008 para vacuna frente a varicela; 34.400 para vacuna conjugada frente a meningococo C; y 22.500 para vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH)

Hernando subrayó la importancia de los programas de vacunación, “una poderosa y efectiva herramienta de prevención de las enfermedades infecciosas” ya que, gracias a ellos, ha añadido, “es posible contribuir al control y eventual erradicación de determinadas enfermedades transmisibles y conseguir notables mejoras en la salud de la población”.

Mejora del modelo de atención a la discapacidad

El Gobierno regional también tomó conocimiento del acuerdo de colaboración para la mejora del Modelo de Atención a la Discapacidad que será firmado entre las Consejerías de Bienestar Social y Hacienda y Administraciones Públicas y el CERMI-CLM.

El convenio permitirá trabajar en conjunto para ampliar la red de recursos y apoyos destinada a personas con discapacidad, en especial para el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado.

De la misma forma, se asegura la sostenibilidad y calidad de los recursos públicos como un medio de garantía de los derechos de ciudadanía y el apoyo a los profesionales del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, y la mejora en la financiación de la convocatoria apra 2020 dirigida al funcionamiento de los centros y servicios destinados al movimiento asociativo de la discapacidad.

De forma añadida, se acuerda también el inicio de los trabajos encaminados a regular las fórmulas de concentración social en Castilla-La Mancha para la prestación de Servicios Sociales en el ámbito de la discapacidad, en consonancia a los establecido en la Ley de Servicios Sociales y en la próxima Ley del Tercer Sector en la región.

El portavoz en funciones destacó que el presupuesto para atender a las personas con discapacidad aumentó en diez millones de euros en la legislatura, y se han creado más de 1.000 nuevas plazas especializadas en el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad.

A su vez, las convocatorias de subvenciones destinadas a Entidades Privadas de Iniciativa Social y a Entidades Locales para 2019 ascienden a casi 57 millones de euros, un 20 por ciento más que en 2014. Diariamente se atiende a más de 10.000 personas con discapacidad en los diferentes dispositivos especializados de atención.

Centro de Atención Especializada al Menor de Toledo

Por último, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 550.500 euros a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para prestación del servicio de vigilancia, seguridad y protección al Centro de Atención Especializada al Menor de Toledo (CAEM) para sus 82 usuarios y sus familiares.

Este centro, que la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha puso en marcha en 2009, presta atención integral e individualizada a menores con trastornos de salud mental no asociados a discapacidad intelectual, cuyos problemas de conducta han desbordado la capacidad de resolución y abordaje personal, familiar y de los dispositivos especializados que ofrece su entorno.

Hernando ha explicado que, debido a las características del centro, “se hace necesaria la realización de labores de vigilancia por profesionales con la adecuada especialización que garanticen la seguridad del mismo”.

El contrato tiene una duración inicial de 36 meses y abarca el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, prorrogables por 12 meses.