El actual Gobierno de Castilla-La Mancha ha adoptado medidas que han beneficiado a los jubilados de la región, frente a la puesta en marcha del Real Decreto-ley 16/2012, por parte del Gobierno del Partido Popular supuso un auténtico golpe en la línea de flotación de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Así lo ha asegurado en las Cortes Regionales, Jesús Fernández Sanz, explicando que “los valores de equidad, solidaridad y universalidad quedaban en entredicho con este Real Decreto, expulsando de la atención sanitaria a un millón de personas, además de establecer barreras económicas y copagos a la atención sanitaria y farmacéutica”.

El consejero ha explicado que “se dejó caer el peso de la crisis económica justo sobre aquellos que más la sufren, los colectivos más pobres y vulnerables, mujeres, niños, mayores, desempleados o inmigrantes”.

En un momento en que las fortalezas del Sistema Nacional de Salud se antojaban como más necesarias para hacer frente a las consecuencias de la crisis y ser garante de la cohesión social y la solidaridad, “fuimos testigos de un debilitamiento del mismo para ahondar en las desigualdades y el aumento de la fragmentación en nuestra sociedad”, ha dicho.

Así, ha afirmado Fernández Sanz, el copago farmacéutico supuso la regulación de un nuevo sistema de aportación del usuario en la prestación farmacéutica ambulatoria, estableciéndose que, en los supuestos en los que las aportaciones de los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios superaran los topes máximos de aportación, las comunidades autónomas procederían a reintegrar el exceso aportado, con una periodicidad máxima semestral.

De este modo, desde el año 2012, para los pensionistas cuya renta fuera inferior a 18.000 euros se estableció un límite máximo de aportación mensual de 8,23 euros; para aquellos cuya renta fuera igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros un tope máximo de 18,52 euros; y, por último, para aquellos cuya renta fuera superior a 100.000 euros, un límite de 61,75 euros.

La situación de esta participación por parte de los ciudadanos en el precio del medicamento o copago supuso que cerca de 100.000 pensionistas de Castilla-La Mancha estaban pagando, cada mes, un exceso de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, que se devolvía con un procedimiento de reembolso de las aportaciones que excedieran de los citados límites aplicables.

Esto supuso la consolidación en el sistema sanitario regional de una política regresiva y de limitación de la propia prestación farmacéutica, generando entre los ciudadanos desigualdades y riesgos en la salud en los pacientes más vulnerables, los pensionistas con rentas más bajas.

A la vista de esta situación, ha recalcado Fernández Sanz, “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, se dieron instrucciones al SESCAM para modificar este procedimiento de reintegro, cuyos trabajos culminaron con la publicación de la Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para el reintegro de gastos por aportaciones de los pensionistas y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria”.

Con esta Orden, se cambió este procedimiento de reintegro del copago farmacéutico, de tal modo que, una vez alcanzado por el usuario el límite máximo establecido, éste no va a continuar realizando más aportaciones económicas durante el resto de días del mes, en aquellas dispensaciones que se produzcan mediante receta del SESCAM.

Por ello, ha asegurado el consejero, “desde este Gobierno tenemos un compromiso con esas personas y por eso, y a través de la Orden de la Consejería de Sanidad, evitamos el sobrecoste que pagaban 100.000 pensionistas de Castilla-La Mancha, a través de la implantación de un sistema mucho más justo, y también eficiente de cara a los pacientes y sus beneficiarios con el objetivo que el pensionista no siguiera pagando de más. De hecho, los pensionistas pagan solo el tope legal de ocho euros mensuales”.

Por otra parte, ha afirmado Fernández Sanz, se evitan las dificultades derivadas de la propia gestión del pago. Igualmente, con esta nueva Orden se ha permitido mejorar y agilizar el proceso de facturación tanto para el SESCAM como para las oficinas de farmacia.

El consejero ha destacado la predisposición de los representantes del colectivo de Farmacéuticos para colaborar en la realización de las modificaciones que han sido necesarias en sus aplicaciones informáticas, así como en la formación de todos los profesionales de las farmacias en la aplicación de los cambios que ha introducido la nueva normativa.

Para concluir, Fernández Sanz ha insistido que “este Gobierno no tiene ningún interés en utilizar a los pensionistas como prestamistas, otros no pueden decir lo mismo, ya que hasta 2016 los pensionistas prestaban cerca de 700.000 euros al mes, al adelantar de su bolsillo la demasía en los medicamentos adquiridos”.

En la comparecencia, el consejero de Sanidad ha pedido una pronta recuperación para el médico compañero agredido en la madrugada de hoy durante una visita a domicilio en Camarena y que está siendo atendido en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Fernández Sanz ha explicado que ha sido operado y esperamos que evolucione bien.