Gobierno regional busca conseguir una administración pública totalmente digitalizada, reducir la brecha digital y fomentar un modelo de crecimiento basado en nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías formarán parte de la materia prima de toda la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del impulso a una agenda digital por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que estará enfocada en lograr este objetivo de digitalizar la administración pública.
Gobierno de Castilla-La Mancha busca un administración pública totalmente digitalizada
Así lo expresó, Juan Alfonso Ruíz Molina, Consejero de Hacienda y Administraciones. Ruíz compareció hoy en la Comisión de Economía y Presupuesto de las Cortes regionales para dar cuenta de las líneas generales de las políticas que se van a desarrollar en su ámbito a lo largo de esta legislatura, que se concentrarán en más de 70 medidas y seis nuevos proyectos legislativos.
Ha destacado en primer lugar, el consejero de Hacienda, el aumento de las competencias por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en esta segunda legislatura del Gobierno de Emiliano García-Page, ya que a los recursos económicos y humanos incorpora los recursos tecnológicos, reforzando así su cariz transversal.
Consejería de Hacienda y Administraciones coordinará los recursos humanos y la nueva tecnología
Por lo que la Consejería de Hacienda y Administraciones coordinará, por un lado, la política presupuestaria, como el principal instrumento de política económica, con los objetivos de generar riqueza, incentivando el crecimiento económico y el empleo; distribuir la riqueza generada a través de los servicios públicos y cumplir con la legalidad en materia de sostenibilidad financiera.
Además desde dicha Consejería se coordinarán los recursos humanos y las nuevas tecnologías, instrumentos indispensables para llevar a cabo de manera innovadora dos de los principales retos que se ha propuesto el Gobierno regional y que son mejorar la calidad, la modernización y la accesibilidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y reforzar el papel de la Administración regional como uno de los grandes motores del crecimiento económico de Castilla-La Mancha.
Proyecto de ley de los presupuestos regionales para el próximo año
La exposición de Ruiz Molina incluyó la exposición detallada de las actuaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el ámbito de la política presupuestaria, en el que ha resaltado que ya se está ultimando el proyecto de Ley de los presupuestos regionales para el próximo año, que se aprobará el próximo día 30 de septiembre, cumpliendo con el plazo que establece el Estatuto de Autonomía.
Antes se tendrá que aprobar en las Cortes el límite de gasto no financiero, asunto sobre el que Ruiz Molina ha resaltado que ayer mismo “la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló y puso todos los parabienes a las previsiones económicas que había hecho la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para calcular el techo de gasto”. Además, la AIReF las calificó como “realistas y aseguro que están elaboradas con un criterio de prudencia”.
Obligación de cumplir el equilibrio presupuestario
También ha destacado con relación a las próximas cuentas regionales, que serán las primeras que incorporarán la obligación de cumplir el equilibrio presupuestario, ya que las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en déficit el próximo ejercicio.
Por otro lado, en este ámbito se considera prioritario y urgente abordar la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica a nivel nacional, que, en primer lugar, garantice a las Comunidades Autónomas contar con los recursos económicos suficientes para prestar los servicios públicos fundamentales y, en segundo, tenga en cuenta en la cuantificación del gasto el coste real de prestación de los servicios.
Castellano-manchegos no verán incrementada su presión fiscal
En resumen, se abogará por que todos los ciudadanos españoles reciban los mismos servicios públicos, con independencia de su lugar de residencia y de su capacidad fiscal o económica. Para acordar una posición común sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, Ruiz Molina ha subrayado que próximamente, cumpliendo con el compromiso del presidente García-Page, se va a constituir el grupo de trabajo formado por todos los grupos parlamentarios.
En materia fiscal, Ruiz Molina ha trasladado que el Gobierno regional cumplirá con el compromiso que el presidente García-Page adquirió con los agentes sociales, garantizando que tras sus ocho años de Gobierno los castellano-manchegos no verán incrementada su presión fiscal.
El Gobierno regional presentará un nuevo Plan de Impulso a los Servicios Públicos
Como responsable de coordinar también los recursos humanos de la Administración regional, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha avanzado en su intervención que el Ejecutivo regional propondrá en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos un nuevo acuerdo de legislatura, dirigido a completar las mejoras de sus condiciones laborales que se inició hace cuatro años.
Una recuperación, ha subrayado Ruiz Molina, que “repercutirá en la calidad de los servicios públicos” que presta la Administración regional y que es el objetivo último que busca el Gobierno regional. Además, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha avanzado que en los próximos días, el Gobierno regional va a presentar un nuevo Plan de Impulso a los Servicios Públicos, que “es un elemento de planificación de cómo se considera que van a crecer los recursos humanos la próxima legislatura y que se va a concretar cada año con la aprobación de las ofertas de empleo público”.
Agenda digital para una administración pública totalmente digitalizada
En el ámbito de los recursos tecnológicos, Ruiz Molina ha anunciado que se abordará una verdadera agenda digital para toda la legislatura, que permita conseguir una administración pública totalmente digitalizada para que la Administración regional sea ágil y fácilmente accesible. Una agenda que también estará enfocada a reducir la brecha digital, para que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el canal más adaptado a sus necesidades, y, finalmente, a fomentar desde la Administración regional un modelo de crecimiento basado en las nuevas tecnologías.
En cuanto al resto de competencias que asume la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina ha señalado que se promoverá una contratación pública eficiente y socialmente responsable y se creará el Tribunal Administrativo Regional de Recursos Contractuales.
Nueva Ley del Juego para proteger los colectivos más vulnerables como menores
En el ámbito de administración local se seguirá colaborando y apoyando a las entidades locales, como elemento fundamental para mantener la cohesión territorial y social de la región; mientras que en el de protección ciudadana se reforzará la coordinación con las distintas administraciones, en especial, en el área de urgencias y emergencias.
Finalmente, Ruiz Molina ha informado de las seis novedades legislativas que piensa acometer la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los próximos cuatro años, de las que ha resaltado la nueva Ley del Juego, que se redactará para proteger a los colectivos más vulnerables como menores, fomentar las políticas de juego responsable y endurecer el régimen sancionador y la apertura de nuevos locales.
También ha mencionado la ley para la recuperación de un órgano propio de fiscalización externa, que se suprimió por el anterior Gobierno regional y que ahora se recuperará.
Control externo de las instituciones públicas
En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que desde el Ejecutivo de García-Page siempre se ha defendido contar con un órgano propio de fiscalización externa porque es más eficiente y aporta mayor detalle que el Tribunal de Cuentas, que tiene a su cargo el control externo de otras muchas administraciones públicas; también porque mejora la transparencia de la gestión del ejecutivo y del resto del sector público regional y, finalmente, porque potencia la inmediatez y el dinamismo en la labor de control externo de las instituciones públicas.
