El Real Decreto 1026/2024, recientemente promulgado, representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral en España. Esta normativa, que ya está en vigor, insta a todas las empresas con más de 50 empleados a implementar planes de igualdad LGTBI, siguiendo negociaciones extensas con diversos agentes sociales. El decreto tiene como objetivo principal garantizar la igualdad y prevenir la discriminación dentro del entorno laboral, asegurando que las personas LGTBI gocen de un ambiente de respeto y oportunidades equitativas.
Ángela Antón, Legal Manager de Gi Group Holding, destaca que esta normativa no solo protege contra comportamientos LGTBIfóbicos, mediante protocolos específicos frente al acoso y la violencia, sino que también busca eliminar estereotipos en los procesos de selección de personal. «La norma implementa criterios claros que priorizan la formación y la idoneidad del candidato, independientemente de su orientación e identidad sexual o expresión de género, con especial atención a las personas trans, que suelen ser un colectivo especialmente vulnerable», explica Antón.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, las empresas deberán negociar las medidas dentro del marco de la negociación colectiva. En el caso de convenios colectivos de ámbito superior al empresarial, los términos y condiciones se negociarán dentro de esos convenios. Aquellas empresas que ya tengan convenios vigentes antes de la entrada en vigor del decreto necesarán abordar la inclusión de estas medidas en reuniones posteriores. Asimismo, las empresas sin un convenio o representación legal de los trabajadores deberán constituir una comisión negociadora con representantes de la empresa y de los sindicatos más representativos del sector.
El incumplimiento de esta normativa podría acarrear sanciones significativas. Según la Ley 4/2023, que establece el régimen de infracciones y sanciones, las multas podrían variar entre 200 y 150,000 euros, con adicionales restricciones como la prohibición de acceder a ayudas públicas durante un año. Ángela Antón subraya la importancia de que las empresas se ciñan a estas nuevas directrices para evitar sanciones y promover un entorno de trabajo más inclusivo y libre de discriminación.
Esta iniciativa se traduce en un reto para las empresas, que deberán adaptarse a las nuevas exigencias, pero también es una oportunidad para fomentar una cultura inclusiva y diversa que refleje los valores actuales de respeto e igualdad.
