En un esfuerzo por abordar el problema de la vivienda con un enfoque social y cooperativo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación de Cooperativas de viviendas y rehabilitación de España han firmado un convenio fundamental. Este acuerdo apunta a la creación de 10.000 nuevas viviendas en áreas de la región donde la demanda es más elevada y el acceso a una vivienda resulta más dificultoso.
El presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, ha resaltado en Toledo el compromiso electoral que se ve reflejado en este convenio y ha delineado la Estrategia para el fomento de la promoción de viviendas en régimen de cooperativa 2024-2028. Según García-Page, esta iniciativa busca ofrecer más que un simple lugar para vivir. Inmersos en una era donde la sostenibilidad es clave, la estrategia también pretende actuar con una solidaridad que atraviese diferentes generaciones.
El modelo cooperativista, según el mandatario, es el más adecuado debido a su filosofía de propiedad compartida y el fomento de intereses comunes, que garantizan la viabilidad de las viviendas. Este enfoque implica una estrategia antiespeculación, ya que las viviendas estarán ligadas a beneficios en las ayudas públicas y en el terreno, interviniendo así en un mercado que ha estado distanciado de los intereses sociales.
García-Page ha enfatizado además que la iniciativa no ambiciona desplazar al mercado privado de la construcción. Se busca evitar la creación de guetos sociales tanto en ciudades como en localidades pequeñas y subraya que la administración no tiene la intención de convertirse en propietaria o arrendadora de las viviendas, sino de actuar como un ente regulador y facilitador de recursos.
El proyecto demanda la participación de los municipios y empresas constructoras para ser llevado a cabo. El Presidente ha señalado que la Junta canalizará fondos públicos locales, nacionales y europeos para el desarrollo de las viviendas, las cuales se verán complementadas por un próximo convenio que será firmado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Esta maniobra estratégica no solo tiene elementos sociales y económicos, sino que también promete una significativa generación de empleo en el sector de la construcción, proporcionando un impulso considerable a la economía regional y al bienestar de sus habitantes.