El presidente regional se mostró convencido de que las plantas desalinizadoras construidas en las regiones del Levante serán «la solución definitiva» para el déficit hídrico que sufre la zona, y la alternativa del futuro al trasvase Tajo-Segura.
Así lo adelantó durante uno de los desayunos informativos ‘Castilla-La Mancha en el Centro’, organizado por el rotativo La Tribuna y Banco Sabadell. Al encuentro asistieron alrededor de 300 personas y contó además con la asistencia del director del periódico, Fernando Franco, Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del grupo Promecal; Eduardo CUrrás de Don Pablos, director de la zona centro del Banco SAbadell; y Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, académico y doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.
El presidente del Gobierno regional ha hecho hincapié en que no reclama al Estado un “caudal ecológico” sino que “pase toda el agua” del Tajo por su cauce, ya que en las regiones del Levante “se pueden abastecer” con las desalinizadoras impulsadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; unas infraestructuras, ha recordado, cuya puesta en marcha fue, durante años, “torpedeada” por los gobiernos autonómicos de las regiones beneficiarias del Tajo-Segura.
Al respecto, reiteró que si se pusiera en marcha al cien por cien la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), sería innecesario recurrir a los recursos hídricos de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para dar respuesta las necesidades de agua de Murcia y Valencia.
El presidente García-Page ha vuelto a reclamar la participación de Castilla-La Mancha en la Comisión de Explotación del Tajo-Segura y se ha mostrado partidario de subvencionar el metro cúbico del agua desalinizada, situándolo al mismo nivel que el agua trasvasada, con la finalidad de que el agua del mar sea considerada una alternativa viable.
Además, volvió a pedir una rectificación sobre el Memorándum del Tajo-Segura, un documento «de la vergüenza» que está empezando a dejar huella. En este empeño, García-Page pidió la colaboración del Gobierno central y del Ministerio para la Transición Ecológico para que el Tajo «no se quede sólo para que se pueda ver a través de una ventana».
Nuevo modelo de financiación autonómica
Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que trasladará personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de alcanzar acuerdos parciales en materia de financiación autonómica en aspectos como dependencia, política sanitaria y medicamentos.
Tal y como ha explicado García-Page, se trata de una serie de reivindicaciones en línea con las conclusiones de la reunión interautonómica del pasado 10 de septiembre en Zaragoza en la que Castilla-La Mancha, junto con Asturias, Castilla y León, Galicia, Aragón y La Rioja, acordaron apremiar al Estado para alcanzar un acuerdo en materia de financiación justo e igualitario para todas las comunidades autónomas y que no sólo tuviera en cuenta el fenómeno del despoblamiento, sino que ayudara al Estado a fijar un esquema multilateral de negociación.
En esta línea, el jefe del Ejecutivo regional recalcó que «con nuestra actitud», las seis comunidades autónomas quieren mostrarle al Gobierno central su apoyo al Estado a la hora de trasladarle que «no están solos en la defensa del marco constitucional».
El presidente de Castilla-La Mancha ha hecho hincapié en que “las comunidades autónomas tenemos que ser parte de la solución”, ya que “somos afectados” como responsables de la gestión de los recursos para la prestación de servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación.
“Nunca apoyaré que lo que tenemos que decidir entre todos sea objeto de mercadeo”, ha resaltado García-Page sobre una eventual negociación bilateral con la Generalitat catalana; posición que, ha asegurado, comparte también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Asimismo, y al respecto de la situación en Cataluña, el presidente regional reclamó que «tenga límite» el uso política como arma arrojadiza entre partidos políticos, al mismo tiempo que rechazó cualquier solución con los independentistas «sin que antes acepten el método constitucional». En esa línea, se refirió a la posibilidad de plantear un referéndum individual: «España no está en condiciones de plantear ningún tipo de referéndum porque es evidente que hay quien va usarlo para pervertir esa llamada y convertirla en otra cosa”, ha finalizado.
