El reciente memorándum emanado de la Casa Blanca ha puesto en el centro del debate la seguridad de las funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un contexto marcado por incidentes de violencia y protestas. El documento, dirigido a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Secretario de Defensa y al Fiscal General, autoriza el uso de tropas de la Guardia Nacional para proteger a las agencias que llevan a cabo la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos, específicamente a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
En los últimos meses, el país ha sido testigo de un aumento en el descontento público respecto a las políticas migratorias, lo que ha derivado en una serie de disturbios que amenazan no solo a los agentes del gobierno, sino también a instalaciones de inmigración y otros bienes federales. Con esta declaración, el presidente busca responder a lo que él considera «rebeldía» contra la autoridad del gobierno, subrayando la necesidad de garantizar la continuidad de la aplicación de las leyes.
Bajo la autoridad conferida por la Constitución y las leyes federales, el presidente ha ordenado la activación de un mínimo de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional para realizar funciones de protección en puntos críticos donde se anticipa que ocurran protestas. La duración del despliegue se establece inicialmente en 60 días, aunque queda a discreción del Secretario de Defensa extender la misión si se considera necesario. Además de la Guardia Nacional, se contempla la posibilidad de utilizar efectivos regulares de las Fuerzas Armadas.
El memorándum destaca que las tropas desplegadas tendrán la facultad de llevar a cabo actividades de protección militar que el Secretario de Defensa considere necesarias para salvaguardar tanto a los funcionarios federales como a las propiedades del gobierno. Antes de cualquier decisión sobre la retirada de las fuerzas de cualquier ubicación, se estipula que debe haber una consulta con el Attorney General y el Secretario de Seguridad Nacional. Estas medidas reflejan un enfoque agresivo hacia la seguridad pública en un momento de creciente polarización política y social, desatando preocupaciones sobre el uso de la fuerza militar en contextos civiles.
La respuesta a esta orden no se ha hecho esperar, generando un amplio espectro de reacciones tanto de defensores de la inmigración como de aquellos que apoyan la aplicación estricta de las leyes. Los próximos días serán cruciales para observar cómo se desarrolla esta situación y las implicaciones que podría tener en el clima político y social del país.
Fuente: WhiteHouse.gov
