En un movimiento que busca fortalecer la integridad y capacidad del personal federal, se ha emitido un memorando que delega a la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) la autoridad para realizar determinaciones de idoneidad sobre los empleados del poder ejecutivo. Esta medida, firmada por el presidente, refleja un enfoque proactivo para garantizar que la conducta de los empleados después de su nombramiento cumpla con los estándares establecidos.
El memorandum establece claramente que el Director de OPM tendrá la potestad de tomar acciones relacionadas con la idoneidad, lo que incluye la posibilidad de ordenar la remoción de empleados que no cumplan con los criterios regulatorios. Este cambio busca afianzar un enfoque más riguroso respecto a la idoneidad post-nombramiento, alineando las prácticas de contratación con las expectativas de conducta en el entorno laboral federal.
Un aspecto crucial de esta decisión es la necesidad de que las agencias empleadoras realicen referencias a OPM antes de que se emitan las determinaciones finales sobre la idoneidad. Esta medida busca asegurar que las decisiones sean tomadas con un mayor nivel de escrutinio y basadas en un proceso sistemático. Además, se estipula que cualquier instrucción emitida por el Director de OPM en relación con acciones correctivas deberá ser cumplida por las agencias en un plazo de cinco días laborales, lo que subraya la urgencia y la autoridad de este nuevo protocolo.
El memorando también establece que su implementación deberá ser coherente con la legislación vigente y dependerá de la disponibilidad de recursos. Es importante señalar que este documento no otorga derechos legales a individuos contra el gobierno de los Estados Unidos, lo que significa que su aplicación está sujeta a interpretaciones y regulaciones posteriores.
Con la publicación de este memorando en el Registro Federal, se espera que se inicie un proceso de regulación que optimice y aclare los procedimientos relacionados con la idoneidad de los empleados federales. Esta iniciativa señala un compromiso por parte de la administración para elevar los estándares del personal federal, asegurando que quienes ocupan estos puestos de responsabilidad reflejen los valores y principios que sustentan la normativa gubernamental.
Fuente: WhiteHouse.gov
