La nueva normativa sobre la renovación de ascensores, que busca aumentar significativamente la seguridad de estos dispositivos, entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2024. Este cambio normativo exige la realización de varias mejoras técnicas para garantizar que todos los ascensores cumplan con los estándares de seguridad más actuales, teniendo en cuenta que la brecha entre la seguridad y tecnología de los ascensores nuevos y los más antiguos se ha ido ampliando con el paso del tiempo.
Las principales adaptaciones requeridas incluyen la mejora en la nivelación del ascensor para evitar tropiezos, la implementación de sistemas de detección que prevengan el cierre de puertas cuando alguien entra o sale, y el aumento de seguridad contra movimientos incontrolados de la cabina, tanto en reposo como en movimiento. Además, se hará necesaria la mejora en la comunicación dentro de la cabina para casos de emergencia, la sustitución de guías antiguas por alternativas más seguras y la introducción de dispositivos para prevenir sobrecargas. Otro cambio importante es la reubicación de los contrapesos para asegurar un correcto equilibrio y funcionalidad del sistema.
El período para implementar estas mejoras dependerá del tipo de ajuste que se deba realizar, yendo desde 1 año hasta 10 años después de la primera inspección que se lleve a cabo a partir de la fecha de entrada en vigor de la normativa. Esto implica que las comunidades de propietarios tendrán que organizarse para revisar sus ascensores y hacer los arreglos necesarios dentro de los plazos estipulados para evitar sanciones.
En caso de que el coste de los trabajos sea un impedimento para las comunidades, estas podrán realizar una derrama especial para reunir los fondos necesarios. Además, si el presupuesto es muy elevado, existe la opción de cambiar de empresa mantenedora, lo cual podría facilitar la gestión económica de las obras.
Este cambio normativo, impulsado por la mejora en la tecnología y las necesidades de seguridad, requerirá un esfuerzo coordinado por parte de las comunidades de propietarios, las empresas de mantenimiento de ascensores y los administradores de fincas para asegurar que todos los ascensores cumplan con los nuevos requisitos dentro de los plazos establecidos. La importancia de adherirse a esta normativa reside no sólo en evitar sanciones, sino en garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios de ascensores.