En el inicio de 2025, el mercado inmobiliario español se encuentra en un punto de inflexión marcado por la presentación del Plan Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026, según ha anunciado el Gobierno. Este plan, impulsado durante el mandato de Pedro Sánchez, pone énfasis en la ampliación del presupuesto dedicado a la vivienda pública. Sin embargo, los datos más recientes de la Intervención General de la Administración del Estado revelan que, de los 4.175 millones de euros disponibles para el Ministerio de Vivienda en 2024, solo se ha ejecutado un 41,6% del monto total, lo que equivale a 1.738 millones de euros. Este bajo nivel de gasto ha llevado a los expertos a solicitar una mejor planificación presupuestaria.
Mercedes Blanco, miembro del equipo de dirección de Fincas Blanco y CEO de Vecinos Felices, ha expresado su preocupación al respecto, señalando que, a pesar de las intenciones favorables y las ideas innovadoras, sin una adecuada planificación presupuestaria, estas iniciativas difícilmente se concretarán. Blanco resalta la urgencia de establecer un plan de vivienda a largo plazo, con un presupuesto coherente, transparente y corresponsal que garantice un mercado de alquiler accesible y sostenible.
En cuanto a las medidas anunciadas, el Gobierno ha propuesto la creación de una empresa pública de vivienda que comenzará a operar en el primer semestre del año. Esta iniciativa busca incorporar más de 30.000 viviendas del denominado ‘banco malo’, de las cuales 13.000 estarán disponibles de inmediato, mientras que las restantes 17.000 se integrarán progresivamente. Mercedes Blanco enfatiza que el éxito de esta medida radica en que su plan de acción contemple no solo objetivos a corto plazo, sino también una estrategia sostenible a medio y largo plazo.
Para las medidas de largo alcance, Blanco subraya la importancia de diseñarlas basándose en proyecciones demográficas y cambios sociales que impactan el mercado inmobiliario. El incremento de familias monoparentales y la creciente demanda de viviendas individuales podrían abordarse mediante el aumento de edificabilidad o permitiendo la segregación de fincas para aumentar la densidad poblacional en áreas prioritarias. Además, es crucial mejorar infraestructuras que faciliten el acceso a viviendas ubicadas dentro de un radio de 50 kilómetros de las grandes ciudades. A través de estas acciones, se busca garantizar que la política de vivienda sea flexible y adaptable a las transformaciones sociales y demográficas.
Otro de los desafíos del presupuesto aprobado es el uso de los 200 millones de euros destinados al Bono Alquiler Joven, que, desde su aprobación en octubre, aún están pendientes de ser implementados por muchas comunidades autónomas. Para Blanco, es fundamental asegurar un mercado de alquiler accesible y sostenible, lo cual podría lograrse mediante una mayor aprobación de licencias para el cambio de uso de locales comerciales a viviendas, favoreciendo la financiación público-privada sin depender exclusivamente de la inversión privada.
Finalmente, Mercedes Blanco advierte que si el sector público no asume su responsabilidad económica, las soluciones serán insuficientes y el problema estructural de la vivienda continuará. Propone un mejor reparto de los ingresos generados por el mercado inmobiliario, que aporta significativos ingresos al Estado a través de impuestos y tasas en diferentes niveles. Es crucial, afirma, que una parte proporcional de estos ingresos se asigne a la implementación de políticas de vivienda en alquiler.
