La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha destacado el avance en las negociaciones del nuevo Estatuto de Autonomía por parte de los grupos parlamentarios de PSOE y PP, quienes están trabajando conjuntamente sin la participación de Vox, la tercera fuerza política en la región. Durante una entrevista con Europa Press, Padilla informó que se espera que la primera versión del nuevo Estatuto esté lista en el primer semestre de 2024, permitiendo luego que toda la sociedad castellano-manchega participe en su discusión y desarrollo.
Padilla afirmó que, tras 40 años de desarrollo autonómico durante los cuales la región ha experimentado un crecimiento destacado, es momento de expandir los horizontes para promover un desarrollo integral. El objetivo del nuevo Estatuto es consolidar servicios, fomentar la igualdad y reflejar la importancia del derecho al agua, considerado esencial para la autonomía.
La ausencia de Vox en las negociaciones se debe, según la portavoz, a la reticencia del partido a colaborar. «Es difícil hablar con alguien que no quiere hablar contigo», dijo, mencionando que la negativa de Vox a participar en actos institucionales y en la elaboración de los presupuestos evidencia su desinterés en el proceso autonómico y su posición de ultraderecha.
No obstante, el Gobierno de Emiliano García-Page está abierto al diálogo, indicando que «el hueco no se le niega a nadie» y que se buscará el consenso con el PP, para luego involucrar a toda la comunidad autónoma. Las conversaciones, señala Padilla, deberían ser completadas por los grupos parlamentarios y prosiguen con seriedad entre el PSOE y el PP, anticipando un acuerdo para 2024.
Adicionalmente, Padilla realzó la importancia de los recientes presupuestos generales aprobados para 2024, los cuales totalizan 12.470 millones de euros. Estos fondos son decisivos para llevar adelante el proyecto de la administración García-Page, con un enfoque especial en políticas sociales, asignando más de 8.000 millones de euros, 1.400 millones adicionales para la agricultura y ganadería, y 500 millones más en políticas activas de empleo, afianzando así las bases para el progreso económico y social de Castilla-La Mancha.
