Este viernes, el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) congrega a distintas figuras del sector agroalimentario en la sala Lorenzana del Rectorado en Ciudad Real. El encuentro tiene como finalidad la primera toma de contacto para lo que será el lanzamiento «a futuro» de un proyecto de investigación dedicado al Derecho Agroalimentario.
La elección sobre qué tema debatir en esta inicial junta ha caído en la protección del patrimonio agroalimentario de Castilla-La Mancha. Intercambiarán visiones y preocupaciones representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, organismos de Derecho Público como los Consejos Reguladores, despachos de abogados con especialización en el ámbito, así como certificadoras, cofradías, cooperativas y asociaciones, según el comunicado de prensa emitido por la UCLM.
El interés específico del Instituto reside en comprender y salvaguardar aquellos productos emblemáticos de la región, tales como el vino, el aceite, el queso, el azafrán, cordero manchego y hasta el pistacho. Un aspecto crucial para el Instituto, explicado por Adán Nieto, es la identificación de los problemas relativos a la calidad y las alteraciones o fraudes que pueden comprometer la integridad de estos alimentos.
La coordinación del grupo de trabajo acerca de la protección del patrimonio agroalimentario castellanomanchego recae sobre el profesor Nieto, junto con Luis Arroyo Zapatero, Beatriz García Moreno y Sara María Martínez. Nieto enfatiza la significación del Derecho Agroalimentario, tanto para la UCLM como para toda Castilla-La Mancha, subrayando la esencia de este proyecto para el Instituto.
Durante la sesión, se espera que las entidades participantes compartan sus experiencias y conocimientos sobre las causas que conllevan a la aparición de irregularidades y fraudes. Además, se dialogará sobre la efectividad de los controles actuales y cómo éstos pueden ser alineados con las normativas vigentes.
Una parte sustancial de esta indagación se concentrará en discernir si las organizaciones disponen de mecanismos preventivos y de detección de anomalías internos, como sistemas de denuncia o códigos de buenas prácticas, así como si han llevado a cabo análisis de riesgos que permitan la implementación de controles adecuados, destacaron los investigadores de la UCLM.
