La administración del expresidente Donald J. Trump ha destacado los logros en la reducción de las cruces ilegales de fronteras, afirmando que estas han alcanzado niveles históricos bajos. Según el equipo de Trump, este descenso es resultado de la eliminación de políticas consideradas como de "frontera abierta" que, según ellos, permitieron la entrada de criminales en comunidades estadounidenses.
El compromiso del gobierno durante su mandato fue poner fin a la impunidad de los inmigrantes ilegales con antecedentes penales. A través de operaciones de ICE, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, se han arrestado a varios inmigrantes acusados de delitos graves, buscando garantizar la seguridad pública.
Recientemente, la administración divulgó una lista de algunos de los individuos arrestados, resaltando los crímenes que habían cometido. Entre los nombres mencionados, destacó el caso de Jose Valdez-Flores, un nacional mexicano que fue arrestado en Seattle y tenía condenas previas por abuso sexual. Otro arresto notable fue el de Alejandro Murillo, de Costa Rica, con múltiples convicciones por delitos graves, incluyendo violación.
Los esfuerzos de la administración se enfocaron en hombres con múltiples antecedentes penales, como Jose Francisco Xicara Ordonez, quien tenía 19 condenas por diversos delitos, entre ellos, ingreso ilegal y conducción bajo la influencia del alcohol. Al mismo tiempo, Marcelino Perfecto-Garcia, también mexicano, fue detenido por homicidio vehicular y otras infracciones graves.
Sin embargo, entre los arrestados también había una diversidad de nacionalidades y tipos de crímenes. Así, Mao-Sheng Lin, un nacional chino, fue arrestado por un caso de secuestro, mientras que Efran Omar Rosales-Serrano, de nacionalidad hondureña, enfrentó cargos por intento de abuso sexual a un menor.
La administración Trump enfatiza que estas acciones son parte de un esfuerzo continuo para desmantelar redes criminales que amenazan la seguridad en diversas comunidades. A medida que se reportan estos arrestos, el gobierno busca informar a la ciudadanía sobre las medidas que se están tomando para abordar lo que consideran una crisis de seguridad pública.
El régimen de deportaciones y las operaciones coordinadas por ICE siguen generando controversia, pero para sus defensores, son una herramienta crucial para restablecer el orden y garantizar que aquellos con antecedentes delictivos no puedan seguir operando libremente en el país.
Fuente: WhiteHouse.gov
