El Tribunal de Cuentas ha realizado un llamado a los ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Cartagena, Logroño, Murcia y Santander para que prioricen la concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones sociales, limitando la concesión directa a aquellos casos donde haya motivos justificables. Esta solicitud surge tras la fiscalización de las ayudas en concepto de acción social otorgadas en 2021, donde se detectaron diversas irregularidades.
El informe del Tribunal de Cuentas, recogido por Diario CLM, subraya que la crisis económica generada por la pandemia ha provocado un aumento significativo en las situaciones de necesidad entre la población, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a recurrir a las ayudas sociales ofrecidas por los ayuntamientos. Ante el incremento de las cuantías destinadas a estas ayudas, el órgano enfatiza la importancia de una correcta presupuestación y gestión de los fondos.
En total, las ayudas sociales concedidas por los seis ayuntamientos fiscalizados en 2021 superaron los 20,4 millones de euros, beneficiando a más de 13.000 personas en especial vulnerabilidad y a 626 organizaciones, instituciones y entidades sin ánimo de lucro. El desglose muestra que, entre los ayuntamientos, Murcia destina 9 millones de euros a estas ayudas, seguido de Logroño con 3,4 millones, y Cartagena y Santander, cada uno con 2,5 millones. Albacete y Badajoz completan la lista con 1,4 millones cada uno.
El objetivo de estas ayudas es apoyar programas de servicios sociales dirigidos a grupos en riesgo de exclusión social, incluyendo personas mayores, con discapacidad, inmigrantes y otras minorías sociales. Aunque se observó que el ayuntamiento de Albacete siguió en su mayoría el procedimiento de concurrencia competitiva, el resto optó mayoritariamente por la concesión directa de subvenciones, un método que carece de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que rigen en el procedimiento ordinario.
El informe también destaca varias irregularidades en los procedimientos de concesión, como la falta de definición clara de los criterios de valoración de las solicitudes y la insuficiente justificación de las puntuaciones otorgadas por las comisiones de valoración. Por ello, el Tribunal de Cuentas ha recomendado a los ayuntamientos definir con precisión los requisitos previos que deben cumplir los solicitantes y los criterios de valoración, así como documentar adecuadamente las decisiones tomadas.
Adicionalmente, se ha señalado que, a excepción del ayuntamiento de Badajoz, todos los consistorios fiscalizados contaban con un plan estratégico de subvenciones durante 2021. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que no contaban con manuales internos para regular la gestión y comprobación de las subvenciones, lo que llevó al Tribunal a instar a la elaboración de estos manuales para asegurar un manejo más transparente y eficiente de los recursos públicos.
