El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por seis gobiernos autonómicos en relación al reparto de menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades. Según una nota de prensa difundida por Europa Press, la corte de garantías ha confirmado la recepción de los escritos planteados por el Consell de la Generalitat Valenciana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Xunta de Galicia.
Los recursos se centran en el real Decreto-ley 2/2025, fechado el 18 de marzo, que introduce medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en contextos de contingencias migratorias extraordinarias. Los demandantes argumentan que esta norma puede vulnerar varios artículos de la Constitución, en particular los artículos 81 y 86, además de estar en conflicto con el orden constitucional de distribución de competencias y el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, consagrado en el artículo 156 de la Constitución.
Es relevante señalar que el Tribunal Constitucional ya había admitido a trámite otros recursos de inconstitucionalidad contra el mismo Real Decreto-ley, interpuestos anteriormente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de abril, así como por el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Cantabria y la Junta de Extremadura el 27 de mayo, incluyendo a la Región de Murcia. Esta serie de recursos indica un creciente desacuerdo entre las autonomías y el enfoque del gobierno central respecto a la gestión de los menores migrantes no acompañados en el país.
