El Supremo inadmite el recurso a la sentencia que anuló las limitaciones a las VUTs en Valencia

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la anulación de las limitaciones impuestas por el Plan Especial de Protección (PEP) del Ayuntamiento de Valencia a las viviendas de uso turístico.

La patronal, representada por su delegación en Valencia (VIUTUR), ya había presentado alegaciones al PEP en las que argumentaba la ilegalidad de dichas limitaciones debido a la falta de fundamentación y a la existencia de jurisprudencia que las desacreditaba. Estos mismos argumentos fueron señalados por el propio Tribunal Superior de Justicia en su sentencia contra el PEP, sentencia que ahora ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.

La sentencia del Supremo anula los tres requisitos impuestos por el gobierno municipal anterior a las viviendas de uso turístico. Estos requisitos establecían que las viviendas turísticas debían ser propiedad de particulares, con sus propietarios empadronados en la misma vivienda, contar con la autorización previa de la Comunidad de Propietarios y tener una ocupación máxima de 60 días al año.

VIUTUR defiende históricamente que las viviendas de uso turístico que cuenten con el correspondiente registro turístico deben poder mantener su actividad, como medida para evitar la intrusión en el sector. La asociación también recordó en sus alegaciones a la modificación posterior del PEP, que el Ayuntamiento intentó evitar la sentencia del TSJ, la validez de todas las viviendas de uso turístico con licencia de primera ocupación y de aquellas que se inscribieron en el Registro de Turismo antes de la entrada en vigor de la Ley de turismo de 2018 y quedaron exentas del informe de compatibilidad urbanística.

Por su parte, el informe pericial elaborado por el urbanista Luis Falcón Martínez de Maraño, encargado por VIUTUR, cuestiona la justificación de las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento en la modificación del PEP. El informe destaca errores de sesgo en los estudios utilizados por el Ayuntamiento para justificar dichas limitaciones.

El dictamen pericial señala inexactitudes en la medición de la densidad de viviendas de uso turístico, así como errores en la estimación del impacto de las viviendas turísticas en el precio de los alquileres en Valencia. El informe concluye que ninguno de los impactos que se atribuyen a las viviendas turísticas, como la pérdida de tejido residencial o el aumento del precio de los alquileres, están probados en la documentación presentada por el Ayuntamiento.

Ante esta situación, VIUTUR propone al nuevo gobierno municipal de Valencia la creación de una mesa de diálogo para establecer una ordenanza que reconozca las viviendas turísticas inscritas en el Registro de Turismo antes de la Ley de Turismo de 2018. La patronal busca establecer medidas que permitan combatir el intrusismo y la competencia ilegal en el sector turístico, garantizando al mismo tiempo un turismo responsable y sostenible.

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