El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para adaptar las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 el desarrollo del proyecto Redera+, una iniciativa que busca generar una red de aprendizaje centrada en la mejora del acceso y la eficacia de la Formación Profesional en las áreas rurales, para fortalecer la inclusión social, la triple sostenibilidad y la contribución a fijar población.

El Gobierno regional trabaja para adaptar el desarrollo del proyecto Redera+ al contexto COVID-19 1

Representantes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Educación, que coordinan el programa, celebraron una reunión con el resto de los miembros y participantes del proyecto, para plantear el desarrollo, en primera instancia, de la parte teórica del programa aprovechando la posibilidad existente de alargar un año su duración para garantizar el desarrollo de la parte presencial.

Éste es el planteo que elevará el Ejecutivo autonómico, junto con el resto de participantes en el proyecto Redera+, a la Agencia Europea que coordina el programa, para garantizar su desarrollo y sus efectos a la hora de alcanzar los objetivos marcados. En la reunión, que fue presidida por la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust – se pusieron de manifiesto las instrucciones del Servicio Español para la internacionalización de la Educación (SEPEI) para implementar medidas específicas relacionadas con el COVID-19 en estos proyectos que permiten la extensión del periodo de ejecución del proyecto hasta 12 meses más para flexibilizar el logro de los objetivos por parte de los beneficiarios.

El proyecto Redera+ retomó su actividad después del parón obligado a causa de la crisis sanitaria. Tiene siete socios de países europeos como Italia, Holanda, Alemania y Eslovenia, y buscan poner en marcha sinergias que deriven en una red de aprendizaje que contribuya a pelear contra el despoblamiento de las zonas rurales, a través de la mejora del acceso y de la eficacia de las iniciativas de Formación Profesional en entornos rurales, contribuyendo a fijar población y al fortalecimiento de la inclusión social así como avanzar en la triple sostenibilidad económica, ambiental y social de estas zonas.