El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regulan las normas y procedimientos para la correcta ejecución de los Presupuestos Generales de la región para este ejercicio, con la que se garantiza una adecuada disciplina presupuestaria en la ejecución de estas cuentas.
Tal como se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la misma entrará en vigor mañana, aunque sus efectos económicos se retrotraerán, cuando proceda, al día 1 de enero, fecha desde la que la que está vigente la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
Esta orden de ejecución es de aplicación a los órganos y entidades que integran el ámbito de los Presupuestos regionales para este ejercicio, que son los que están fijados en el artículo 1 de la Ley.
Con esta orden la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas establece las normas y regula los procedimientos para una correcta ejecución de los presupuestos regionales, que para este ejercicio tienen como prioridad las políticas de gasto dirigidas a dar cobertura presupuestaria a todas las necesidades derivadas de la pandemia originada por la COVID-19, al objeto de atender a los sectores más vulnerables y no dejar a nadie atrás.
Por otra parte, los presupuestos de Castilla-La Mancha también tienen como objetivos fundamentales recuperar la senda de crecimiento de la riqueza y el empleo y, al mismo tiempo, impulsar la modernización de la estructura productiva de la región.
Las cuentas del Ejecutivo de Emiliano García-Page para este año superan los 12.000 millones de euros, incrementándose un 15,2 por ciento con respecto a los presupuestos de 2020, con lo que triplican el crecimiento medio que han tenido los presupuestos de la Administración regional en los últimos ejercicios.
Este incremento permitirá que a lo largo del ejercicio 2021 se destinen cerca de 6.600 millones de euros a financiar el Estado de Bienestar, es decir, a fortalecer los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Por su parte, las políticas orientadas al desarrollo económico y la creación de empleo superan los 1.700 millones de euros, incrementándose un 48 por ciento con respecto al año pasado, por lo que se dispondrá de cerca de 600 millones de euros más.
