En el marco de la XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado la necesidad de establecer un modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad entre todas las comunidades autónomas de régimen común. Emiliano García-Page, presidente de la región, y Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, han abogado por un sistema que evite la tradicional discusión sobre ordinalidad y que otorgue a todos los ciudadanos iguales derechos a los servicios públicos, independientemente de su capacidad fiscal.
Ruiz Molina destacó que, según la Constitución Española, solo existen dos regímenes de financiación: el del País Vasco y el de Navarra. En su intervención, hizo hincapié en que no se contempla la creación de un tercer régimen, como el que se está considerando para Cataluña. En este sentido, subrayó que es necesario un acuerdo sobre variables fundamentales que permitan una gestión eficiente y equitativa de los recursos, como la superficie territorial, la pirámide poblacional y la dispersión geográfica.
Además, el consejero recordó que la financiación debe basarse en la redistribución de la riqueza y no en conceptos de solidaridad, reafirmando que el objetivo debe ser equilibrar los recursos económicos acorde a las necesidades de cada comunidad. Esta visión se alinea con el compromiso del ejecutivo regional de asegurar que todos los españoles tengan acceso equitativo a servicios públicos esenciales.
Por otro lado, en la misma conferencia, Nacho Hernando, consejero de Fomento, defendió la necesidad de un pacto de Estado en materia de vivienda. Hernando planteó la urgencia de revisar la actual Ley de Vivienda, que a su juicio requiere un consenso más amplio, dado que los partidos que la apoyaron inicialmente han cambiado su postura en el actual contexto político.
Entre las propuestas de Castilla-La Mancha para mejorar la situación de la vivienda, se incluye la disponibilidad de suelo público y privado, la agilización de trámites para la obtención de licencias y la búsqueda de soluciones para contrarrestar la falta de mano de obra en el sector. Asimismo, se han sugerido facilidades en financiación y un enfoque de colaboración público-privada, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de la gestión de los fondos europeos.
Entre las iniciativas específicas propuestas, se destaca la creación de un Plan Nacional de Seguros que ofrecería garantías para el cobro de alquileres y protección legal ante impagos, brindando un marco que permita regular los precios del alquiler sin imponer obligaciones.
La participación del vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, con estos dos consejeros refleja un propósito común: buscar soluciones tanto para la financiación justa de las comunidades como para afrontar los retos habitacionales que afectan a la población. Con estas propuestas, Castilla-La Mancha pretende marcar un camino hacia un futuro más equitativo en el acceso a servicios y vivienda digna, apelando a un esfuerzo conjunto que involucre a todos los niveles de la administración y la sociedad.
