El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado inicio al procedimiento de consulta pública previa para recabar las propuestas de la ciudadanía con el objetivo de elaborar el Anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa. Este proceso de consulta estará abierto hasta el próximo 26 de noviembre y se puede acceder a través del portal de participación https://participacion.castillalamancha.es/.
La futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha es una promesa del presidente Emiliano García-Page para esta legislatura y tiene como finalidad eliminar trabas administrativas y agilizar los procedimientos en los diferentes niveles de la Administración. En definitiva, se busca reducir los plazos de resolución de los expedientes con el fin de mejorar la calidad y rapidez de los servicios públicos ofrecidos a la sociedad.
El Ejecutivo Autonómico pretende regular varias cuestiones a través de esta ley, entre ellas los silencios administrativos. Esto implica modificar el sentido de los mismos en aquellos casos que no están impuestos por las legislaciones europea y nacional. Asimismo, se incluirá la revisión y reducción de los plazos administrativos siempre que sea posible. También se ampliarán las declaraciones responsables como una herramienta para agilizar los procedimientos y se buscará reducir el volumen de informes y dictámenes que no sean obligatorios ni vinculantes en los procesos administrativos. En resumen, se busca eliminar trabas administrativas para el ciudadano.
Es importante destacar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha venido trabajando en la reducción de las cargas burocráticas desde el año 2016, a través de los planes anuales de simplificación y reducción de cargas administrativas. Recientemente, se aprobó la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, también conocida como la Ley SUMA.
Este nuevo proceso de consulta pública previa demuestra el compromiso del Gobierno regional con la participación ciudadana y la búsqueda de soluciones que faciliten la relación de los ciudadanos con la Administración. La opinión y las propuestas de los ciudadanos serán tenidas en cuenta en la elaboración de esta ley que tiene como objetivo mejorar los procedimientos administrativos y simplificar la burocracia en beneficio de todos los castellanomanchegos.
