El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en el día de hoy dos nuevos decretos de ayuda en el marco del impulso a la recuperación económica tras el COVID-19, en este caso dirigidas al impulso del empleo para las personas con discapacidad. Ambos decretos, dotados con más de 20 millones de euros, están dirigidos de manera directa a la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad: uno destinado a apoyar la cobertura de los costes laborales de los contratos a través de los Centros Especiales de Empleo; y otro, que dirige su impulso a incentivar la contratación de personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales.
Los dos decretos aprobados en el día de hoy incluyen novedades para su adaptación a las circunstancias actuales, marcadas por el impacto del coronavirus, y se suman así a las ayudas puestas en marcha ya por el Ejecutivo autonómico en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias por el COVID-19, en las que la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado ya la resolución inminente de 15.000 de los más de 44.000 expedientes dentro de las ayudas a fondo perdido dirigidas a autónomos y micropymes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado estos dos nuevos decretos que dirigen su impacto a la mejora del empleo, en este caso para el colectivo de personas con discapacidad. Ambos incluyen novedades con respecto a sus convocatorias anteriores para adaptarse a las circunstancias tras el COVID-19, en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, tal y como ha remarcado la consejera. Los dos Decretos movilizan ayudas por más de 20 millones de euros dirigidas “a incentivar el empleo en uno de los colectivos más vulnerables en materia de inserción laboral, como son las personas con discapacidad, tanto a través de los Centros Especiales de Empleo como en el mercado ordinario de trabajo”, ha asegurado Patricia Franco, quien ha remarcado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con el impulso “a una recuperación justa e igualitaria, para no dejar atrás a nadie, especialmente a aquellos que más difícil lo tienen”.
Un 50 por ciento del salario mínimo
La primera de las líneas de ayudas que se han aprobado hoy está dotada con 19,7 millones de euros y está dirigida a la cobertura de los costes laborales de las personas con discapacidad a través de los Centros Especiales de Empleo. “El compromiso del Gobierno regional es asumir el pago del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional de las 3.769 personas con discapacidad que trabajan en los 96 Centros Especiales de Empleo que hay en la región”, ha subrayado Patricia Franco. La titular de Economía, Empresas y Empleo ha destacado la evolución de una medida que en el año 2015 contaba con una dotación de 10,8 millones de euros, y que en esta convocatoria cuenta con 19,7 millones de euros, duplicando prácticamente el montante desde que gobierna Emiliano García-Page e incrementando en 2 millones de euros la convocatoria del año 2019.
La consejera ha recordado que es una línea que se convoca de manera anual pero que añade novedades en el marco de su adaptación a las actuales circunstancias, elevando el anticipo para el segundo semestre del año. “Atendiendo a su adaptación al marco normativo y a una mayor flexibilidad en la concesión y el pago de las ayudas, se ha mejorado el anticipo de los compromisos de pago para garantizar la liquidez a los Centros Especiales de Empleo”, ha indicado Patricia Franco, situando el mismo porcentaje de anticipo en el segundo semestre con respecto al primero, “un 90 por ciento al inicio y el 10 por ciento restante tras la justificación”.
Inclusión en el mercado de trabajo ordinario
La segunda línea de ayudas aprobada busca incentivar la transición de las personas con discapacidad desde el mercado protegido al mercado ordinario de trabajo, dotada con 1,2 millones de euros. Estas ayudas cuentan con tres ejes de actuación, que van desde el incentivo a la contratación indefinida de personas con discapacidad, además de apoyar la transformación de contratos temporales en indefinidos; hasta el incentivo a la contratación de personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales y de Centros Especiales de Empleo. “Con esta línea buscamos fomentar una transición natural de las personas con discapacidad desde el empleo protegido hacia el mercado de trabajo ordinario, ayudando también a que nuestras empresas, incluso en el contexto de dificultad actual, puedan cumplir con su compromiso social”, ha indicado.
En el caso de las ayudas para la contratación indefinida de personas con discapacidad y la transformación de contratos temporales en indefinidos, las ayudas directas para las empresas son de 5.500 euros en el caso de que la persona contratada sea un hombre, y de 6.000 euros si es una mujer, “para seguir combatiendo así de forma transversal la brecha de género en el empleo”; y llegan a los 950 euros en el caso de la adaptación de los puestos de trabajo o de la compra de equipos. En la tercera línea, las ayudas son de 8.000 euros por cada persona contratada si es un hombre y de 8.500 euros si es una mujer, cuantías que se incrementan en 1.000 euros si se trata de personas con una discapacidad intelectual del 33 por ciento o una discapacidad física del 65 por ciento. “Su incorporación a las empresas suponen un gran valor añadido por lo que aportan en cuanto a solidaridad y cultura de trabajo en equipo, valores que hacen crecer los equipos de trabajo en cualquier empresa”, ha señalado la consejera.
La consejera ha destacado el impacto del estímulo a la empleabilidad de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, “que en los últimos años ha estado siempre a la cabeza en la tasa de actividad de personas con discapacidad”. Así, ha explicado que la tasa de actividad en la región es del 40,3 por ciento, 6 puntos por encima de la del conjunto del país, que está en un 34,4 por ciento; “y desde que llegamos al Gobierno regional ha crecido en 2,5 puntos, gracias a este tipo de políticas y la actitud solidaria de la sociedad, mientras que en el conjunto del país ha crecido en algo más de medio punto”.
15.000 expedientes ya resueltos en las ayudas a micropymes y autónomos
Además de detallar las dos líneas de ayuda aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, Patricia Franco también ha enviado un mensaje de tranquilidad para los autónomos y las micropymes que han solicitado las ayudas directas a fondo perdido convocadas por el Gobierno regional con motivo del COVID-19, y que ampliaron su dotación económica hasta los 80 millones de euros para atender todas las solicitudes registradas.
“Tenemos más de 44.400 solicitudes de autónomos y micropymes y estamos trabajando, como ya hicimos en la tramitación de los ERTE, para acelerar su resolución”, ha comprometido la consejera, quien ha avanzado que ya se han resuelto “una tercera parte, en torno a 15.000 expedientes, que recibirán la resolución definitiva a lo largo de esta semana”, y ha pedido “paciencia” para aquellos que la cumplimentaron en los últimos días, “solicitudes que iremos resolviendo en las próximas semanas con el compromiso de hacer un esfuerzo extraordinario para que en el mes de julio se queden pagadas todas las ayudas”, ha finalizado.
