Así lo manifestó el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que firmó la modificación acompañado por el director general de Planificación Territorial y Urbanismo, José Antonio Carrillo.
Hernando aseguró que lo que supone principalmente este cambio es, además de incorporar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, una mayor capacidad para poner en marcha empresas en el suelo rústico de la región. Por lo tanto, enfatizó: “lo que estamos haciendo es apostar decididamente por la generación de puestos de trabajo y el crecimiento económico de nuestros pueblos”.
De esta forma, la nueva ITP contempla un incremento del porcentaje de superficie ocupada por la edificación para determinados usos productivos sin incluir el residencial. En este sentido, se determina un aumento de hasta el 20 por ciento de la superficie máxima ocupada para edificación del sector primario, y un aumento de edificación para uso industrial del 20 por ciento, en este último caso cuando el suelo no cuente con protección.
Un aumento que supone, en los dos casos, duplicar la superficie máxima ocupada, pasando del 10 por ciento actual al 20 por ciento. Además, contempla un incremento de la ocupación de tiendas de artesanía o productos agrícolas y de las instalaciones de los campings de hasta el 10 por ciento de la superficie, así como hasta un 20 por ciento cuando se trate de establecimientos de turismo rural.
De todas maneras, la normativa recoge la disminución de la parcela mínima en el supuesto de usos y actividades vinculados al sector primario que se desarrollen en parcelas de regadío para facilitar la implantación de pequeñas explotaciones y el fomento en la utilización de recursos naturales, agrícolas y ganaderos.
Asimismo, se incorporan nuevos conceptos de actividades, entre los que se encuentran los puntos de recarga de energía eléctrica u otras instalaciones similares, como pueden ser las gasineras, las que equipara, en cuanto al régimen de aplicación, a las tradicionales gasolineras.
