Castilla-La Mancha ha defendido hoy desde las Cortes de Castilla-La Mancha la reforma urgente del sistema de financiación local, el uso íntegro de los remanentes de tesorería y superávits por parte de los consistorios y la flexibilización de la regla de gasto de las entidades locales, mostrando una vez más su compromiso de apoyo y colaboración con los ayuntamientos de la región, especialmente ahora, para superar la crisis originada por la COVID-19.
Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención en el debate general sobre la repercusión en las entidades locales de Castilla-La Mancha de un nuevo modelo de financiación local, que se ha celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Tras reconocer la labor desarrollada por los alcaldes, alcaldesas, concejales, así como por los empleados públicos de los ayuntamientos, policías locales y voluntariado de Protección Civil, Ruiz Molina ha destacado que “Castilla-La Mancha no se puede entender sin sus municipios, que requieren estar bien financiados para prestar con calidad sus servicios públicos”.
Con este fin, desde 2015, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha planteado a los sucesivos Gobiernos de España, con independencia de su signo político, la necesidad de abordar “de manera urgente y paralela la reforma de los actuales modelos de financiación autonómica y local”.
Una reivindicación que, en palabras de Ruiz Molina, tiene su razón de ser en que “un Estado descentralizado como el de España no se puede entender sin unas autonomías y unas corporaciones locales fuertes financieramente hablando”, ya que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que prestan los servicios públicos que sustentan los pilares del Estado de bienestar.
Aunque los modelos de financiación autonómica y local tienen características propias, Ruiz Molina ha resaltado que ambos se deben sustentar en los mismos principios, que son la suficiencia de recursos para hacer frente a las competencias que asume cada nivel de administración, la autonomía financiera y la lealtad institucional para que las decisiones adoptadas por una Administración no afecten a otras administraciones y, si lo hacen, que estén evaluadas y, en su caso, compensadas.
El apoyo a las entidades locales por parte del Gobierno regional también se viene poniendo de manifiesto al situarse al lado de ayuntamientos y diputaciones a la hora de reclamar al Ejecutivo central que les permita liberar el dinero que tienen ahorrado en los bancos, debido a las imposiciones marcadas por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que en estos últimos meses García-Page fue el primer presidente autonómico que en las recientes conferencias de presidentes solicitó al Gobierno de España que las entidades locales pudieran hacer uso del superávit que habían acumulado en los últimos años para implementar medidas para abordar la crisis económica y social ocasionada por la pandemia del coronavirus.
Esta petición también la trasladó el pasado domingo en la última videoconferencia mantenida con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, añadiendo además que esta posibilidad no se limite solo a los ayuntamientos, sino que se haga extensiva también a las diputaciones provinciales.
“Una modificación que permitiría eliminar o reducir sustancialmente el enorme corsé que supone la actual regulación de las Inversiones Financieras Sostenibles, que cercenan la autonomía municipal y que impiden el destino de los superávits a aquellas necesidades más perentorias determinadas por los propios ayuntamientos”, ha enfatizado Ruiz Molina.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado, en relación con este asunto, que el Ejecutivo castellano-manchego comparte la reivindicación de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno de España para que traslade a los ayuntamientos la flexibilización de las exigencias derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que la Unión Europea ha anunciado que va a adoptar para facilitar la recuperación a raíz de la pandemia de la COVID-19.
Igualmente, ha continuado Ruiz Molina, desde el Gobierno regional también se respalda el preacuerdo alcanzado en julio de 2019 entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para la flexibilización de la regla de gasto, que permitirá que los ayuntamientos estén menos limitados para elaborar y ejecutar unos presupuestos eficaces y para prestar mejores servicios a la ciudadanía.
Pide al PP apoyar al Gobierno de España en la negociación de los fondos europeos
Por otra parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha mostrado favorable a que, en consonancia con lo reclamado por la FEMP, el Gobierno de España ponga a disposición de los ayuntamientos un fondo no reembolsable para paliar las consecuencias económicas y sociales de la crisis del coronavirus, similar al que se ha aprobado para las Comunidades Autónomas, por un importe total de 16.000 millones de euros.
Ruiz Molina ha destacado en este sentido que la posibilidad de que los recursos para paliar las consecuencias económicas y sociales producidas por la pandemia provengan de fuera de la Comunidad Autónoma permitirá que la propia región y los consistorios no tengan que quitar recursos de unas partidas para destinarlos a otras.
Respecto a las negociaciones que el Gobierno de España está manteniendo en la Unión Europea para obtener fondos que permitan al país afrontar las consecuencias de la pandemia, Ruiz Molina ha pedido a los diputados del PP que su partido apoye al Gobierno de la Nación en las negociaciones con las autoridades comunitarias y no pongan dificultades para que se alcance un acuerdo beneficioso para España.
Incremento del 64 por ciento de financiación desde 2015 a través de las entidades locales
A lo largo de su intervención, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas también ha repasado algunas de las actuaciones que el Gobierno de Emiliano García-Page ha desarrollado desde 2015 para colaborar con los ayuntamientos de la región.
Así, Ruiz Molina se ha referido al incremento de la financiación que se destina a los ayuntamientos a través de los artículos 46 y 76 de los presupuestos regionales y que, desde 2015, ha sido del 64 por ciento. Ello permite que en 2020 sean 225 millones los que el Gobierno regional destina para la financiación de las actuaciones que se hacen a través de las entidades locales.
Durante la anterior legislatura se firmaron con los ayuntamientos un total de 5.928 convenios, a los que se destinaron 443 millones de euros, 279 millones más que los que se destinaron entre 2011 y 2015.
