El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en la región, como una herramienta “eficaz” para facilitar la implantación de proyectos empresariales “que creen empleo y riqueza en el territorio autonómico”.

Durante su intervención en las Cortes regionales, Martínez Guijarro ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la toma en consideración de la Proposición de Ley, ya que es el instrumento con el que la región puede enfrentarse a la situación de crisis económica y social derivada de la pandemia de la COVID-19.

La Proposición de Ley de Medidas Urgentes pretende crear un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa para atraer proyectos empresariales que se declaren prioritarios porque contribuyan de modo especial a la reactivación de la actividad económica de la región o pertenezcan a sectores económicos estratégicos por su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de Castilla-La Mancha.

El texto, que hoy pasa por las Cortes, consta de un total de 36 artículos que contemplan la simplificación de los trámites administrativos, reducir plazos y ponerle “una alfombra roja” a todas las personas y empresas que quieran invertir en la región y generar empleo. A tal fin, se contempla la creación de la Unidad de Acompañamiento Empresarial que tendrá funciones de apoyo e impulso a los proyectos que sean declarado estratégicos.

En este sentido, Martínez Guijarro ha defendido que esta herramienta viene a completar los otros atractivos con los que cuenta la región para atractiva a la inversión empresarial. Así, el vicepresidente ha enumerado que Castilla-La Mancha tiene espacio, recursos naturales, clima social, “y tenemos que adaptar nuestra estructura administrativa dentro del marco constitucional y de las leyes del Estado”.

Finalmente, el vicepresidente ha recordado que la Proposición de Ley es una de las medidas que se contemplan en el Acuerdo político para la recuperación de Castilla-La Manca post COVID-19 suscrito entre Ciudadanos, PSOE y el Ejecutivo autonómico, y que, a día de hoy, es el único mecanismo del que dispone la región para poder tramitar leyes de una forma rápida ya que el actual Estatuto de Autonomía -de primera generación- no dispone del mecanismo del Decreto Ley, como sí sucede en otras comunidades autónomas.