El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por un modelo de financiación autonómica equitativo para garantizar la igualdad en los servicios públicos

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha hecho énfasis en la necesidad de reformar el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas. En una rueda de prensa, Padilla expresó la importancia de garantizar la prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones, sin importar el lugar de residencia.

En sus declaraciones, la consejera mencionó que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha defendido la urgencia de llevar a cabo esta reforma para hacer frente a los desafíos de las competencias autonómicas en los próximos años.

Padilla resaltó la importancia de «corregir» la infrafinanciación que sufre Castilla-La Mancha y de realizar el reparto en función del coste real de los servicios públicos. En este sentido, la consejera enfatizó la necesidad de que los ciudadanos tengan los mismos derechos, independientemente de si residen en comunidades con mayor población o en comunidades más rurales.

Asimismo, Padilla instó al Partido Popular de Castilla-La Mancha a consensuar esta propuesta, recordando que las Cortes regionales se pusieron de acuerdo en los puntos a defender en el año 2019.

La consejera también hizo referencia a un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que indica que Castilla-La Mancha es una de las comunidades peor financiadas. En este sentido, Padilla lamentó que el PP de la región utilice a expertos para intentar confundir a los ciudadanos y sacar rédito político.

En resumen, la consejera reiteró la necesidad de una financiación autonómica justa que garantice la prestación de servicios públicos en igualdad de oportunidades y solicitó al PP de Castilla-La Mancha unirse a la reclamación con una postura de consenso como región.

Finalmente, Padilla informó que el Gobierno de Castilla-La Mancha está preparando una propuesta para la Conferencia de Presidentes, de modo que cuando el Estado tome decisiones que afecten a las finanzas de las comunidades autónomas, estas vayan acompañadas de una memoria económica sobre su impacto y cómo compensarlo en su caso.

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