El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, que tiene como prioridades dar una respuesta decidida a la crisis económica y social generada por la pandemia e impulsar un cambio del modelo productivo en la región.

La Ley, que fue aprobada el pasado 24 de junio en las Cortes regionales, entrará en vigor mañana jueves, tal y como se recoge en el DOCM.

Se trata de una noma que el Gobierno autonómico considera fundamental para poner a punto la maquinaria administrativa de la Junta de Comunidades, a fin de poder tramitar y ejecutar el importante volumen de recursos europeos que llegará en los próximos años.

Esta iniciativa legislativa, que respeta la normativa estatal y de la Unión Europea, además de contar con garantía de seguridad jurídica y de control para garantizar una transparencia absoluta, permitirá afrontar un reto sin precedentes en Castilla-La Mancha, tanto por la importancia de los recursos como por la celeridad requerida en la ejecución de los proyectos que se financiarán con estos fondos europeos.

Los tres principales objetivos de esta Ley son simplificar la maquinaria administrativa relacionada, fundamentalmente, con la contratación pública; dotar al personal funcionario de posibilidades de movilidad, al objeto de sacar el mayor partido posible a los recursos humanos; e intensificar la coordinación a través de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos y el refuerzo de las funciones de la Comisión Regional de Fondos Europeos.

Cuatro líneas de acción

Para alcanzar estos objetivos, la norma recoge cuatro líneas de acción. La primera establece las medidas de agilización y simplificación de los procedimientos que se deben llevar a cabo en materia de convenios, ayudas y subvenciones y contrataciones. Se fijan, también, medidas que afectan a la gestión presupuestaria y al régimen de control de los expedientes de gasto.

La segunda línea de acción se centra en los proyectos declarados prioritarios que podrán ser financiados con fondos europeos y cuya gestión y ejecución podrá realizarse mediante la colaboración público-privada.

La tercera está relacionada con el impulso de instrumentos dirigidos a la dinamización de la economía regional, en concreto, de la Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Castilla-La Mancha y el Centro Regional de Innovación Digital, cuyos fines van en consonancia con los principales objetivos de los fondos de recuperación, como son la transición ecológica y la transformación digital.

Y la cuarta y última línea de acción recoge medidas específicas en relación con los recursos humanos, como su redistribución para agilizar la gestión y absorción de estos fondos, el refuerzo de plantillas donde sea necesario mediante programas temporales de empleo o la formación de personal empleado público.

Se trata, asimismo, de una Ley que no limita los controles, ya que seguirán vigentes los internos existentes de la propia Administración y los externos de otras instituciones públicas, además de los establecidos por la propia Comisión Europea; y con la que se dota a la Administración regional de una herramienta para que, con medios propios, pueda sacar el máximo provecho a estos recursos, con la finalidad de modernizar Castilla-La Mancha.