El nuevo decreto con el que Castilla-La Mancha quiere regular la gestión de residuos orgánicos para producir biometano reconoce un mayor papel a los ayuntamientos ante la instalación de nuevas plantas, pero mantiene excepciones que pueden trasladar la decisión final a la Junta. Stop Ganadería Industrial C-LM sostiene que 50 de los 70 proyectos que contabiliza actualmente en tramitación, un 71 %, podrían reunir condiciones para optar a la declaración de proyecto prioritario. Esa declaración, sin embargo, no es automática y exige cumplir varios requisitos.
Las claves del decreto del biometano en 20 segundos
- Castilla-La Mancha mantiene abierto hasta el 24 de agosto el proceso de participación sobre el nuevo decreto.
- Stop Ganadería Industrial contabiliza 70 plantas en tramitación y considera que 50 podrían optar a ser proyectos prioritarios.
- Esta declaración exige cumplir varios requisitos, entre ellos ubicarse en una zona vulnerable a nitratos.
- El borrador limita al entorno próximo buena parte de los residuos tratados.
La norma todavía no está aprobada. La Consejería de Desarrollo Sostenible abrió el 28 de julio la fase de participación pública y las aportaciones podrán presentarse hasta el 24 de agosto. Después está prevista una fase de retorno que se extenderá hasta el 25 de septiembre. El propio Portal de Participación de Castilla-La Mancha identifica el texto actualmente disponible como un borrador de decreto.
El objetivo declarado por el Gobierno regional es establecer las condiciones para gestionar residuos orgánicos mediante digestión anaerobia y su transformación en biometano. Su elaboración llega después de la retirada del anterior Plan Regional de Biometanización, que había provocado una fuerte contestación social y más de 15.000 alegaciones.
Los ayuntamientos ganan capacidad de decisión, pero no en todos los casos
Uno de los puntos que más atención está recibiendo es el papel que tendrán los municipios.
Tras la polémica generada por el anterior plan, la Junta planteó que los ayuntamientos pudieran pronunciarse sobre la implantación de estas instalaciones. El nuevo marco avanza en esa dirección, aunque la capacidad municipal no sería absoluta en todos los procedimientos.
El principal foco de discusión está en la figura de los proyectos prioritarios, regulada en Castilla-La Mancha por la Ley 5/2020.
Stop Ganadería Industrial C-LM, coordinadora formada por medio centenar de movimientos vecinales, asegura que de las 70 plantas que tiene identificadas actualmente en tramitación, 50 están situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y podrían entrar en el grupo susceptible de optar a esa consideración.
Conviene introducir aquí un matiz importante: estar situado en una zona vulnerable a nitratos no basta por sí solo para obtener la declaración.
Los criterios aprobados por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2024 establecen cinco condiciones específicas para los proyectos de biometano. Además de localizarse en una zona vulnerable a nitratos, al menos el 50 % de los residuos tratados deben ser purines, vinazas o alperujos.
También se establecen condiciones para el tratamiento posterior de las fracciones sólida y líquida obtenidas y se exige que la instalación lleve asociado un proyecto agroindustrial o social que genere un beneficio para la comunidad local.
La declaración de proyecto prioritario tiene efectos administrativos relevantes. Entre otros aspectos, la documentación de planificación regional recoge que, para proyectos implantados en suelo rústico, puede implicar la obtención de la calificación urbanística prevista en la normativa territorial.
Por eso los colectivos vecinales temen que esta vía reduzca en determinados expedientes la capacidad efectiva de un ayuntamiento para impedir una planta.
Según los datos facilitados por Stop Ganadería Industrial, ya existen ocho proyectos de plantas declarados prioritarios en Castilla-La Mancha. La coordinadora sitúa estos expedientes en las provincias de Toledo y Ciudad Real y cita proyectos en Noez, Gálvez, Madridejos, Mascaraque, Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava.
El colectivo también señala otras figuras administrativas, como la declaración de interés regional o los Planes de Singular Interés, que pueden intervenir en la tramitación urbanística de determinados proyectos.
El 80 % de los residuos deberá proceder del entorno
Otro de los cambios relevantes afecta al origen de los materiales utilizados para alimentar las instalaciones.
Según el borrador y la interpretación realizada por los colectivos vecinales, el 80 % de los residuos deberá proceder de un radio máximo de 35 kilómetros, mientras que el 20 % restante podría tener otro origen.
Un círculo de 35 kilómetros de radio representa teóricamente unos 3.848 kilómetros cuadrados, aunque en la práctica el área real de captación estará condicionada por carreteras, explotaciones disponibles y otros factores geográficos.
La proximidad de los residuos es una cuestión especialmente importante para este tipo de instalaciones. Una planta de gran capacidad necesita recibir continuamente materia orgánica y posteriormente gestionar los productos resultantes de la digestión. Cuanto mayores sean las distancias, mayor puede ser también el movimiento de vehículos asociado a la actividad.
Stop Ganadería Industrial considera insuficiente el límite planteado y critica además las excepciones contempladas en diferentes partes del borrador.
Entre sus objeciones están las distancias establecidas respecto a explotaciones ganaderas, captaciones de agua, embalses, viviendas y establecimientos turísticos. El colectivo cuestiona igualmente la regulación del digestato, el material resultante del proceso de digestión anaerobia, y reclama mayores garantías sobre su trazabilidad y aplicación agrícola.
También plantea dudas sobre el acceso público a la información relativa al origen de los residuos cuando pueda invocarse el secreto industrial y critica que determinadas tareas de inspección puedan realizarse mediante entidades privadas de certificación ambiental.
Estas afirmaciones forman parte de la valoración de Stop Ganadería Industrial y no equivalen a una conclusión administrativa sobre la seguridad o legalidad de los proyectos.
Del plan retirado a una regulación mediante decreto
La nueva norma supone un cambio de enfoque respecto al Plan Regional de Biometanización que Castilla-La Mancha había venido preparando.
Aquel documento provocó una movilización considerable. Plataformas ciudadanas presentaron más de 15.000 alegaciones y reclamaron cambios en aspectos como la ubicación de las plantas, el tratamiento del digestato, los posibles efectos acumulativos de varios proyectos próximos y la participación de los municipios.
Tras la retirada del plan, la Consejería inició en junio una consulta pública previa para elaborar el decreto y posteriormente abrió el proceso sobre el borrador que ahora está disponible.
La discusión se produce además mientras siguen avanzando expedientes concretos en diferentes municipios de Castilla-La Mancha. Esto explica que una de las cuestiones principales no sea únicamente qué requisitos tendrán las plantas futuras, sino cómo afectará la nueva regulación a los proyectos que ya están en diferentes fases de tramitación.
Stop Ganadería Industrial considera que el texto mejora el anterior planteamiento al reconocer capacidad de decisión a los ayuntamientos, pero entiende que las excepciones impiden hablar de un veto municipal completo.
La coordinadora reclama además cambios en la gestión del digestato, las distancias de seguridad, el origen de los residuos, las inspecciones y el cálculo de la huella de carbono de las instalaciones.
Por ahora se trata de propuestas y alegaciones a una norma en elaboración. El texto definitivo podrá cambiar después del periodo de participación, por lo que habrá que esperar a su aprobación para conocer exactamente qué margen conservarán los ayuntamientos, qué excepciones se mantienen y cómo se aplicarán a los expedientes existentes.
Hasta entonces, ciudadanos, asociaciones, empresas y administraciones locales pueden presentar aportaciones al borrador a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha hasta el próximo 24 de agosto.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los ayuntamientos rechazar una planta de biometano?
El borrador refuerza la intervención municipal, pero existen procedimientos y figuras administrativas, entre ellas la declaración de proyecto prioritario, que pueden modificar el alcance de esa capacidad. La aplicación concreta dependerá además de las características y situación administrativa de cada expediente.
¿Es cierto que el 71 % de las plantas podrá saltarse el veto municipal?
El 71 % procede del cálculo de Stop Ganadería Industrial: 50 de los 70 proyectos que la organización tiene contabilizados cumplirían determinadas condiciones que podrían hacerlos susceptibles de optar a la declaración de proyecto prioritario. Eso no significa que los 50 hayan recibido esa declaración ni que vayan a obtenerla automáticamente.
¿Qué necesita una planta de biometano para ser proyecto prioritario?
Entre los criterios específicos aprobados por la Junta figuran estar en una zona vulnerable a nitratos, tratar al menos un 50 % de purines, vinazas o alperujos, cumplir determinados requisitos sobre las fracciones resultantes y asociar un proyecto agroindustrial o social beneficioso para la comunidad local.
¿Hasta cuándo pueden presentarse aportaciones al decreto?
La fase de participación permanece abierta hasta el 24 de agosto de 2026, según el Portal de Participación de Castilla-La Mancha.
