El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha, que, según ha informado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, beneficiará a 120.000 personas que trabajan en la región en la agricultura y en la ganadería de esta tipología.
Esta ley es «una apuesta estratégica de futuro» y «un punto de inflexión» desde el punto de vista de la sostenibilidad y la fijación de población en el medio rural, según ha explicado Fernández.
Dicho esto, ha comentado que las explotaciones familiares de Castilla-La Mancha van a tener «una prioridad absoluta» a la hora de recibir ayudas por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural porque «el objetivo es preservar los alimentos típicos del territorio, al tiempo que se contribuye a la producción tradicional de alimentos que, además, ayudan al mantenimiento de biodiversidad y a la sostenibilidad».
Esta ley, según la portavoz gubernamental, hace una clara apuesta por la incorporación de jóvenes y mujeres al campo y tiene unos objetivos básicos que pasan por el reconocimiento de la explotación familiar agraria individual o de base asociativa, la definición de las Zonas de Protección Agraria o la creación de un banco de tierras que facilitará el contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivas o cultivables para recuperar tierras abandonadas y recuperar y frenar la pérdida de superficie agraria útil.
