El Congreso se prepara para aprobar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, pactada entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que busca modificar la terminología usada en dicho artículo para referirse a las personas con discapacidad. La actual redacción utiliza el término «disminuido», que está previsto ser sustituido con palabras más inclusivas y acordes a la sensibilidad y el respeto actuales hacia estos ciudadanos.
La proposición de ley, presentada el pasado 29 de diciembre por ambas formaciones políticas, ya ha superado la fase inicial con el respaldo del Gobierno, el cual tenía la facultad de vetarla si estimaba que representaba un incremento del gasto público o una reducción de ingresos. El primer debate tiene lugar este martes para tomar en consideración la reforma y permitir su tramitación a través de un procedimiento de lectura única, evitando así pasar por ponencia o comisión. La discusión sobre las enmiendas presentadas y la aprobación de la iniciativa se llevará a cabo el jueves, momento en que el texto pasará al Senado para su revisión.
Este cambio constitucional requiere un mínimo de tres quintos del apoyo en ambas Cámaras, algo que solamente es posible con el concurso de los partidos mayoritarios en la escena política española. Así, aunque otras formaciones como Sumar han anunciado enmiendas, se ha alcanzado un acuerdo entre PP y PSOE para no acoger ninguna modificación que no cuente con el respaldo conjunto.
Resulta relevante destacar que, a pesar de que es posible convocar un referéndum constitucional para ratificar la reforma, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, logró el compromiso por parte del PSOE de no apoyar tal plebiscito, evitando así un escenario imprescindible para su realización.
Impulsada originalmente por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018, esta reforma pretende modernizar el texto constitucional para reflejar una perspectiva más actual y respetuosa hacia las personas con discapacidad. El nuevo articulado propuesto busca asegurar el ejercicio de derechos en un marco de igualdad real y efectiva y promover la autonomía personal e inclusión social de este colectivo.
En lo que respecta a la búsqueda de unanimidad para la aprobación de la reforma, un punto de incertidumbre lo representa la postura de Vox, que en tentativas previas se mostró reacio a prestar su apoyo. La negociación intenta salvar dicho obstáculo y conseguir un consenso amplio que refleje el espíritu inclusivo y unitario que se desea imprimir a la Constitución.
