El Congreso de los Diputados ha autorizado a varios parlamentarios castellanomanchegos, entre ellos Beatriz Jiménez, José Manuel Velasco, Milagros Tolón, Alberto Rojo y Ricardo Chamorro, a retener sus actas de concejal. Aunque estos parlamentarios aseguran no recibir remuneración por sus cargos municipales, no se ha especificado si perciben indemnizaciones por asistencia a plenos y otras actividades. En contraste, el diputado Sergio Gutiérrez ha optado por renunciar a sus dietas como edil en Escalona, Toledo.
Paralelamente, se ha otorgado permiso al diputado del PP por Toledo, Agustín Conde, para desempeñarse como alférez de fragata sin recibir sueldo.
Este movimiento forma parte de una serie de autorizaciones aprobadas por la Comisión del Estatuto del Diputado, que permiten compaginar el escaño con otras tareas políticas o privadas, siempre y cuando no generen ingresos del sector público y no interfieran con las responsabilidades parlamentarias.
El dictamen inicial de esta legislatura avala a un total de 268 diputados, el 76% de la cámara, para mantener estas compatibilidades. Algunos de los autorizados, como Óscar López o Antonio Hernando, ya han dejado sus escaños por asumir nuevos cargos.
Treinta y un parlamentarios no han declarado ninguna actividad fuera del Congreso, entre ellos doce del PP, cuatro del PSOE, tres de Vox, y dos de la coalición Sumar. Casi todos los miembros del PNV y de Bildu también se centran exclusivamente en su labor parlamentaria.
La primera tanda de autorizaciones contempla a 16 alcaldes y 51 concejales de diferentes partidos políticos que podrán mantener sus posiciones locales, incluyendo ediles de grandes ciudades como Madrid, Vigo, Pamplona, Santander, Cuenca, Toledo y otras.
Solo cuatro ediles, aparte de Gutiérrez, han renunciado a sus indemnizaciones, destacando la moderación en sus compensaciones económicas. Por otro lado, Ana Martínez Labella ha cedido su salario de diputada por su remuneración como primera teniente de alcalde en Almería.
En cuanto a las actividades políticas, algunos miembros del PP perciben gastos de representación, mientras que en Vox varios cargos cobran por sus funciones partidistas.
Además, una quincena de legisladores podrán continuar con la práctica de la abogacía, veintinueve con la docencia y aproximadamente ochenta participarán en charlas, colaboraciones en medios y actividades científicas o literarias. Algunos recibirán pagos por estos trabajos, como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por derechos de autor.
Sobre las actividades profesionales, Agustín Conde tiene autorización para su rol militar sin remuneración, similar a Maribel García López del PSOE, que puede actuar como árbitra de atletismo sin recibir pago.
Por último, 76 diputados reciben complementos por su antigüedad profesional, incluyendo miembros del PP, PSOE, Sumar, Vox, ERC, Junts y el diputado del BNG. Y una veintena de legisladores están involucrados en empresas, algunos con puestos sin remuneración y otros en roles administrativos retribuidos.
