El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo un bastión de la resistencia contra la renovación en el sistema judicial español, ejemplificando una preferencia por la tradición sobre el cambio. En una reciente manifestación de poder, los diez vocales conservadores dentro del consejo han rechazado esfuerzos para introducir voces y perspectivas progresistas, manteniendo así el statu quo. Esta decisión repercute negativamente en la posibilidad de avanzar hacia una judicatura más inclusiva y representativa de la sociedad española actual.
La exclusión de candidatas progresistas para el CGPJ, tales como las juezas del Tribunal Supremo Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet, pone de relieve la rigidez ideológica que rige las decisiones del órgano. Esta posición conservadora ha generado un entorno donde las propuestas de cambio y modernización son sistemáticamente descartadas, impidiendo así cualquier intento de refrescar la composición y el enfoque del Consejo hacia una más equitativa y progresista.
Frente a este panorama de inmovilismo, resalta la estrategia empleada por partidos políticos conservadores, como el Partido Popular, para mantener un bloqueo deliberado en el CGPJ. Este bloqueo, que previamente se prolongó por más de cinco años, ha tenido como objetivo evitar cualquier reforma que amenace con alterar el equilibrio de poder vigente. La situación actual refleja una continuidad de esta táctica, evidenciando un ferviente deseo por parte de los vocales conservadores de preservar su influencia y evitar la infiltración de ideologías progresistas que podrían modificar la orientación del sistema judicial español.
