En el ámbito del divorcio, uno de los aspectos más críticos a resolver es la gestión de la vivienda familiar. Sergio Gómez, un abogado con amplia experiencia en derecho inmobiliario y de familia, explora en un reciente comunicado las preguntas más comunes que enfrentan las parejas en proceso de separación respecto a este tema.
Un punto esencial en las negociaciones es determinar quién mantendrá la posesión de la vivienda en casos de custodia compartida. La decisión se toma considerando el bienestar de los hijos y la situación económica de ambos cónyuges. Las alternativas incluyen que uno de los padres compre la parte del otro, vender la vivienda y repartir las ganancias, optar por un sistema de «casa nido» donde los niños permanecen en la casa mientras los padres alternan su presencia, o permitir que uno de los cónyuges resida temporalmente hasta acordar la venta de la propiedad. En el caso de desacuerdo, un juez decidirá en función de los intereses de los menores.
La opción de la «casa nido» tiene sus propias ventajas y desafíos. Este sistema ofrece estabilidad a los hijos y reduce el estrés logístico habitual en estos casos. Sin embargo, también implica costos altos, dado que los padres deben mantener tres domicilios, y puede ser fuente de tensiones relacionadas con el mantenimiento de la vivienda.
El uso de la vivienda se revisa nuevamente cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. En este caso, si los hijos ya no dependen económicamente de los padres, se evalúan opciones como la venta del inmueble y reparto de los beneficios o uno de los cónyuges adquiere la parte del otro. En ausencia de un acuerdo, las partes pueden recurrir a los tribunales.
La responsabilidad sobre los gastos de la casa tras el divorcio suele ser compartida. La hipoteca generalmente se divide entre los cónyuges, mientras que los costos de mantenimiento diario corresponden a quien habite la vivienda.
En cuanto a la venta de la casa familiar, existen varios escenarios que la facilitan. Por ejemplo, si no hay hijos menores, la venta es más sencilla. También es más factible cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Además, la casa puede venderse en cualquier momento con un acuerdo mutuo entre las partes o por orden judicial si no se llega a un acuerdo y los costos se vuelven insostenibles.
Un desafío común es cuando uno de los cónyuges se niega a vender la casa. En tales casos, el otro cónyuge puede recurrir a la mediación o a los tribunales. Un juez puede ordenar la venta forzada para dividir los activos, aunque si hay hijos menores, podría permitir que uno de los cónyuges permanezca en la casa hasta que los hijos crezcan, o se podría alcanzar un acuerdo económico para evitar una venta forzada.
Así, gestionar la vivienda familiar tras un divorcio requiere de un análisis cuidadoso de la custodia, el bienestar infantil y los acuerdos entre ambas partes. La asesoría legal de un abogado especializado en derecho de familia puede ser fundamental para alcanzar acuerdos justos y equitativos. Para aquellos interesados en profundizar más sobre este tema, se recomienda la lectura del artículo completo proporcionado por Sergio Gómez.
