Las organizaciones ambientales remarcan que los expedientes de concesión de aguas contienen graves irregularidades y benefician principalmente a terratenientes y grandes empresas agrícolas.
La reciente aprobación de carácter provisional –por la falta de evaluación del impacto ambiental- de la concesión de 7,1 hm3 de aguas subterráneas para “regadíos sociales” en el Segura albacetense cayó como un jarro de agua fría entre las entidades ecologistas de Albacete. Esperaban el rechazo de buena parte de los mismos ante las notables carencias e irregularidades de los proyectos, así como la afectación grave a espacios de la Red Natura 2000.
“Por poner un ejemplo, en el expediente CPR-128/2019 -relativo a una
regularización de unos regadíos ilegales creados en 2004, y su futura
ampliación en Peñarrubia (Elche de la Sierra)-, se señala claramente que
el pozo estaría captando de un acuífero «no delimitado ni evaluado en el
Plan Hidrológico». En un primer informe, la Oficina de Planificación
Hidrológica consideró al regadío incompatible con el Plan Hidrológico
precisamente por falta de conocimiento científico, pero tras presiones
internas emitió un segundo informe en el que se especula con una posible
-y no demostrada- transferencia lateral desde el acuífero Gallego y se
pasa a tramitar el expediente como si estuviera captando directamente
desde el Gallego -aunque el IGME considere que capta de La Horadada-”
señala Stefan Nolte, técnico de la Plataforma en Defensa de las Fuentes.
“Al no haber sido evaluado en el Plan Hidrológico, no se sabe ni cuánta
agua tiene el acuífero ni cuáles son sus demandas ambientales, pero la
CHS aprueba la concesión sin más, solamente incluyendo la coletilla de
que la concesión se hace «independientemente de que mediante este sondeo
se pueda o no se pueda captar la totalidad del volumen que se solicita».
Luego dirán que hay «déficit» y pedirán nuevos trasvases”.
Desde la Plataforma también señalan que los expedientes de Alcadozo y Nava de Arriba (Pozohondo), también podrían afectar a las fuentes de Ayna y Liétor, y para su aprobación se utilizó una declaración de interés nacional “totalmente desfasada” ya que data de 2003, y bajo el paraguas genérico del término “otros” –en referencia a otros términos municipales, distintos de los que se citan explícitamente en la declaración-. Se sabe, por el Plan Hidrológico de 1998, que en todo caso era de aplicación únicamente a la cuenca vertiente de los embalses del Talave y del Cenajo, y sin embargo –desde la Consejería de Agricultura y la CHS –pretenden aplicar la declaración de interés nacional fuera de este ámbito territorial, en un clarísimo caso de fraude de ley”.
Por último, los ecologistas denuncian que estos regadíos tienen “muy
poco de social, pues apenas crean empleo (1 UTA cada 100 hectáreas) pero
sí grandes rentas a los propietarios. Y da la casualidad de que la mayor
parte de la superficie transformada pertenece a grandes terratenientes
que residen en ciudades o a empresas agrarias con sede en Murcia y
Alicante”. Así, por ejemplo, afirman que en el expediente CPR-1/2018
-que agrupa a los regadíos de Hellín- la mitad de la superficie “se la
reparten entre 6 propietarios con fincas de más de 100 hectáreas”. En
este expediente dicen que se produjo “un auténtico cambio de cromos
entre populares y socialistas”, pues cada partido apoyaba a un proyecto
diferente, alcanzado finalmente un acuerdo “a costa de llevar al límite
los acuíferos de la Sierra de Segura”.
