El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, que hoy se debate y vota en el Parlamento autonómico, tiene como prioridades “dar una respuesta decidida a la crisis económica y social generada por la pandemia e impulsar un cambio del modelo productivo en la región”.

Durante el pleno de las Cortes regionales, Ruiz Molina ha asegurado que se trata de una noma que el Gobierno considera “fundamental para poner a punto la maquinaria administrativa de la Junta de Comunidades, a fin de poder tramitar y ejecutar el importante volumen de recursos europeos que nos llegará en los próximos años”.

Una norma que ha calificado de “crucial” para afrontar “un reto sin precedentes en la región”, tanto por la importancia de los recursos como por la celeridad requerida en la ejecución de los proyectos que se financiarán con estos fondos europeos, y que respeta la normativa estatal y de la Unión Europea, además de contar con “garantía de seguridad jurídica y de control” para garantizar “una transparencia absoluta”.

Principales objetivos de la ley

El consejero ha destacado que los tres principales objetivos de esta ley son simplificar la maquinaria administrativa relacionada, fundamentalmente, con la contratación pública; dotar al personal funcionario de posibilidades de movilidad, al objeto de sacar el mayor partido posible a los recursos humanos; e intensificar la coordinación a través de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos y el refuerzo de las funciones de la Comisión Regional de Fondos Europeos.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado también que el proyecto de Ley se completa con otras medidas de naturaleza administrativa y tributaria que permiten impulsar dos instrumentos de los que ha asegurado sentirse “orgulloso”, la Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Castilla-La Mancha y el Centro Regional de Innovación Digital, cuyos fines, ha recalcado, “van en consonancia con los principales objetivos de los fondos de recuperación”, es decir, la transición ecológica y la transformación digital.

En su intervención, Ruiz Molina ha agradecido al Grupo Socialista su intento de llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos. Si bien, ha lamentado el “planteamiento negacionista” de este último al proponer la creación de una agencia independiente, poniendo así en cuestión la labor de los trabajadores y trabajadoras de la Administración regional para gestionar recursos públicos, al tiempo que ha defendido la honorabilidad del personal funcionario.

De igual modo, ha respondido al Grupo Popular que esta norma no limita los controles, ya que seguirán vigentes los internos existentes de la propia Administración y los externos, de otras instituciones públicas, además de los establecidos por la propia Comisión Europea.

El consejero ha insistido en que se trata de un proyecto de Ley “de capital importancia” y ha concluido que, con él, “se dota a la Administración regional de una herramienta para que, con medios propios, podamos hacer frente al reto de gestionar unos recursos que deben ser una oportunidad para modernizar Castilla-La Mancha”.