Con las enmiendas de Ciudadanos a esta Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha “las viviendas de promoción pública de titularidad de la Junta de Comunidades que se encuentren ocupadas ilegalmente, como las 88 viviendas sociales de Puertollano que tienen ocupas, podrían volver a ser destinadas de nuevo a familias sin recursos por un procedimiento ágil y rápido”. Así lo ha explicado el diputado de Cs en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muños Zapata.
Nueva Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha
Además, Zapata ha criticado que ahora mismo, respecto a estas viviendas de la Calle Joan Miró de Puertollano, “el Gobierno afirma que se están tomando acciones en los juzgados, pero las vivienda llevan ocupadas más de ocho años y las soluciones no llegan”.
Desde Cs hace semanas denuncian la ocupación ilegal de viviendas en Puertollano. Y por eso ha anunciado que “vamos a impulsar la figura del desahucio administrativo, mucho más rápido que el judicial, porque las viviendas sociales de la Junta de Comunidades forman parte del patrimonio público y, en Castilla-La Mancha, hay viviendas sociales de la Junta que están siendo ocupadas de forma ilegal, lo que provoca que familias en situación de necesidad no puedan vivir en ellas”.
Qué significa la Ley de Patrimonio
Desde Cs, su diputado ha querido explicar que esta Ley de Patrimonio, “no es una Ley cualquiera, representa la gestión de muchísimo dinero”, la Junta es propietaria o arrendataria de más de mil inmuebles, una flota de 2.500 vehículos, y 6 empresas públicas que mueven 270 millones de euros al año.
Ante este panorama, Zapata ha advertido que lo mínimo es que se le puede exigir a la Junta es la misma responsabilidad y transparencia en la gestión de este patrimonio público que tienen las familias y las empresas de Castilla-La Mancha con el suyo propio, por ello, ha reclamado que “esta Ley no deje escapar la oportunidad del evitar que haya amiguismos a la hora de gestionar el patrimonio público, y alcanzar una rentabilidad económica que se convierta en utilidad social”.
Cinco objetivos de Cs para esta Ley
Con la presentación de este paquete de 12 enmiendas el Grupo Parlamentario Ciudadanos pretenda que en la Ley de Patrimonio prime el concurso público, en lugar de la adjudicación directa “no se puede elegir a dedo a quien se puede beneficiar del patrimonio público, sino que se debe garantizar la objetividad y la transparencia para evitar que haya amiguismos”.
Además, Cs defiende que debe primar “el criterio de máxima rentabilidad económica en el patrimonio público para que se convierta en utilidad social”; asimismo, desde Cs “intentaremos que este Proyecto de Ley incluya las recomendaciones de la OCDE sobre la gestión de empresas públicas” para que sean dirigidas por personas capaces y que rindan cuentas por su gestión, pasando por un examen de capacidad y siendo evaluados por una comisión independiente de expertos en gestión pública y empresarial.
Por último, Zapata ha explicado que otra de las enmiendas de Cs incluirá “que la Junta de Comunidades sea responsable subsidiaria de las deudas que generen sus empresas públicas, y no se vaya de rositas”. Porque ha advertido, “esta posibilidad, ya ha sido recogida por la jurisprudencia, y nosotros creemos que debe estar incluida en la Ley porque así el Gobierno se cuidará muy mucho de que las empresas públicas no dejen pufos”.
