La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, el texto del proyecto de ley de Protección y Apoyo Garantizado a Personas con Discapacidad. El objetivo final es sentar las bases para empezar a coordinar con el poder judicial el desarrollo de la nueva normativa.

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con Rouco en la sede del TSJCM en Albacete, Sánchez ha resaltado la importancia del encuentro porque “la coordinación con el poder judicial es fundamental en el objeto de esta ley”.

La ley “viene a dar respuesta a la pregunta de los padres y familiares sobre qué va a ser de nuestros hijos o hijas cuando nosotros faltemos” y, en este sentido, ha expuesto que “ahora, esta ley permite otra solución para las familias, no solamente la tutela judicial, que también, sino que además ahora tendrán la oportunidad de que la Administración se comprometa a hacer un plan de futuro con las familias”.

“Para dejar sobre el papel el compromiso de la Administración para el futuro de esas personas con discapacidad”, sostuvo Sánchez, y apuntó que “hasta ahora, tenían que recurrir a la tutela judicial exclusivamente”.

En Castilla-La Mancha, hay 1.200 personas con discapacidad tutelados por las seis fundaciones tutelares.

Ley pionera

La consejera resaltó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades pioneras en regulación para personas con discapacidad. Tanto a nivel internacional como nacional, es uno de los puntos donde más se discuten estas leyes de integración.

“Apenas hay algunos países que han dado este paso, que es sencillo, pero no se han atrevido”, ha aseverado Sánchez, quien ha recordado que, a través de esta normativa, “las personas con discapacidad van a hacer un documento que va a quedar registrado en un registro regional de planes de futuro”.

“Va a ser un compromiso del Gobierno regional, van a estar todas las consideraciones que las personas con discapacidad y las familias puedan hacer”, ha añadido la consejera.

El presupuesto de la ley para 2018 es de 5 millones de euros, que permitirá la creación de 480 plazas de atención especializada y 85 para personas con enfermedad mental en toda Castilla-La Mancha.

La normativa está dirigida a más de 35.700 personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, de las que el 20 por ciento son de la provincia de Albacete.